Ocho de los 18 detenidos en la operación Pika han pasado la noche en comisaría. Entre ellos, se encuentran el exdirigente de Convergència, Francesc Sánchez, y el exnúmero dos de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona y expresidente de Bimsa, Antoni Vives, que pasarán a disposición judicial este viernes. La Guardia Civil los arrestó el jueves a ambos en la nueva redada por el caso 3% que investiga la presunta financiación ilegal del partido.
Andreu Viloca, extesorero de CDC; Josep Antoni Rossell, exdirector de Infraestructures.cat; Xavier Tauler, exconsejero delegado de Copisa; y Josep Manel Bassols, exalcalde de Anglès (Girona) y exjefe de prensa de Carles Puigdemont cuando éste ocupaba la Alcaldía de Girona, también han pasado la noche en dependencias policiales.
"Absolutamente injustificado"
Los otros 10 arrestados, entre los que destacan el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, ya quedaron en libertad con cargos el mismo jueves, después de que terminaran los hasta 25 registros que se produjeron. Están ahora pendientes de que el juez los cite a declarar. Las reacciones desde el entorno convergente no tardaron en calificar la operación de estrategia política.
El mismo abogado de Vives declaró que la detención está “absolutamente injustificada desde el punto de vista jurídico”. Cree que no existe riesgo de fuga y que su libertad no puede interferir en la investigación. El letrado, Rafael Entrena, calificó de "curioso" que lo arrestaran pese a que la Guardia Civil y la Fiscalía reconocieran que los "expedientes administrativos son impecables".
Las dos obras de Cambra
Las diligencias son sobre dos obras: la mejora del dique del este y los accesos de ampliación del sur. Ambas se licitaron a través de concurso público y superaban los tres millones de euros. Los proyectos que se presentaron fueron valorados y adjudicados por la Mesa de Contratación, de la que el "presidente del puerto no forma parte", ha asegurado Entrena.