El lider del PDECat y expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, han coincidido en denunciar que la operación policial de este jueves sobre la presunta financiación ilegal de CDC --bautizada como Operación Pika-- es un "montaje" que tiene una clara "intencionalidad política".

En declaraciones en Vic (Barcelona) durante un acto de la Fundació Impulsa, Mas ha tildado los registros y detenciones de "otro montaje", y ha asegurado que desde su partido "siempre hemos dado la cara".

"Ha habido un montaje de estas características con toda la parafernalia" cada vez que en Cataluña ha surgido un tema importante, ha insistido.

Y ahora ve una reacción similiar contra el juicio del 9N que empezará el lunes contra él y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau: "Vamos a defender la democracia, con apoyo de mucha gente, y otro montaje".

"Intencionalidad política"

Cambra, por su parte, que ha quedado en libertad tras un registro de 12 horas en la autoridad portuaria, ha señalado que la operación tiene "intencionalidad política".

En un comunicado este jueves por la noche, ha detallado que ha colaborado en todo momento y ha facilitado toda la información requerida a la Policía Judicial, que ha estado en las oficinas del Puerto hasta las 21.15 horas.

"Una finalidad política clara"

Considera que las diligencias judiciales "forman parte de una operación programada con una clara intencionalidad política" y que se trata de una actuación sin sentido jurídico porque, según ha subrayado, todos los procedimientos de contratación son impecables.

"No puedo evitar pensar que esta actuación no deriva de mi condición de presidente del Puerto, sino que tiene una finalidad política clara", ha criticado.

Dos obras bajo investigación

Las diligencias se han efectuado sobre los expedientes de dos obras: la mejora del dique del Este y los nuevos accesos de ampliación sur, que se licitaron mediante concurso público y "de acuerdo con la legislación vigente, respetando todos los requerimientos técnicos y jurídicos".

El importe de adjudicación de ambas operaciones superaban los tres millones de euros y por ello se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea y el Boletín Oficial del Estado.

Las ofertas presentadas constaban de una parte técnica y otra económica: un grupo de cuatro técnicos analizó las ofertas técnicas --dos designados por el Puerto de Barcelona y dos más por Puertos del Estado-- y su valoración fue aprobada por la Mesa de Contratación.

El presidente del Puerto no participa de la contratación

El presidente del Puerto "nunca forma parte de las mesas de contratación para la adjudicación de obras", ha defendido, y ha detallado que tras la valoración técnica se procedió a abrir públicamente las ofertas económicas, a partir de las cuales se determinó automáticamente la puntuación final.

En ambos casos las adjudicaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración del Puerto "por unanimidad".