Marine Le Pen se enfrenta a acusaciones de malversación de dinero público para financiar su partido. El Parlamento Europeo (PE) le reclama 340.000 euros, una dotación que recibió como eurodiputada y que la líder del Frente Nacional gastó en su formación política de extrema derecha. Le Pen se ha negado a devolver ese importe.
Por eso ahora el Parlamento, tras una investigación por la que considera demostrada la fuga de fondos, ha tomado la iniciativa: reducirá el sueldo de Le Pen a la mitad a partir de febrero. Así, la Eurocámara acabará por recuperar la cuantía desviada a usos extraparlamentarios.
Un guardaespaldas
Le Pen habría gastado esos 340.000 euros, partida destinada a asistentes parlamentarios en la Eurocámara, en pagar a dos trabajadores del Frente Nacional que no hacen tareas de asistente para la política francesa relacionadas con su labor de eurodiputada.
Hasta 298.500 euros los habría desviado para pagar a su jefa de gabinete, Catherine Grisset, que trabaja para el FN en Nanterre (Francia). Otros 41.554 euros fueron utilizados para el sueldo de su guardaespaldas personal, Thierry Leger.
Oídos sordos al Parlamento
Cuando el PE detectó estas irregularidades informó a la eurodiputada de extrema derecha de las sanciones económicas si no pagaba. Sin embargo, la política ignoró este comunicado, así como el ultimátum que le siguió.
El artículo 62 del estatuto de los diputados establece que la partida para contratación de asesores solo puede utilizarse para personal de apoyo a la labor europarlamentaria y no para sufragar gastos de los partidos en sus países.
Desde marzo de 2015 la oficina antifraude europea (Olaf) investigaba el mal uso de fondos de la institución que la política francesa habría hecho con la contratación de personal de su grupo.