El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha convocado este martes a todos los cuerpos diplomáticos ante las instituciones europeas, tanto de estados miembros de la UE como de terceros países, en una recepción anual que coincidirá con la conferencia que protagonizará el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para defender el referéndum catalán.
En concreto, se trata de la recepción que el Parlamento Europeo organiza todos los años con las representaciones diplomáticas acreditadas ante las instituciones europeas, según han explicado fuentes europarlamentarias, que han añadido que este acto está previsto desde hace algún tiempo.
El evento entre Tajani y los representantes diplomáticos tendrá lugar en la sala de actos grande de la Eurocámara, llamada sala Yehudi Menuhin, y comenzará antes del acto del presidente catalán, aunque durará "bastante" y por lo tanto, coincidirá con la conferencia de Puigdemont.
Los organizadores
La conferencia sobre el referéndum ha sido organizada por tres eurodiputados catalanes --Jordi Solé y Josep-Maria Terricabras de ERC y Ramon Tremosa, de PDeCat-- y el presidente Puigdemont estará acompañado por el vicepresidente de la generalitat, Oriol Junqueras, y por el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, al que el cartel del evento anuncia como ministro de Exteriores.
Los organizadores cuentan con lograr una gran afluencia de eurodiputados y diplomáticos, por lo que han reservado una de las salas de mayor aforo de la Eurocámara, de 350 personas. Es, además, el único acto que el presidente catalán tiene programado para su viaje a Bruselas.
La opinión de Dastis
Preguntado por el viaje de Puigdemont al Parlamento europeo, el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, ha señalado que le parece "perfectamente legítimo", aunque mantiene la ilegalidad del referéndum.
Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa durante el II Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM) que se celebra hasta el martes en el Palau de Pedralbes de Barcelona, donde ha explicado que el Gobierno central continuará reivindicando que esta consulta no cabe en el Estado de Derecho.