La fiscalía del Tribunal Supremo pide nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para el diputado y exconsejero de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs, en relación con la consulta del 9N. Por ella, se le imputan delitos de prevaricación y desobediencia, al entender que actuó de forma "arbitraria" y contraria a derecho, al desobedecer la suspensión del Tribunal Constitucional.
En concreto, por el delito de prevaricación, el fiscal solicita la pena de inhabilitación especial por siete años y seis meses. En lo que se refiere al delito de desobediencia, exige una multa de cinco meses con una cuota diaria de 200 euros e inhabilitación por un año y un mes.
Impulsó "activamente" la consulta
En el escrito, la fiscalía subraya que el acusado no adoptó ninguna medida para suspender dicha consulta, cuya organización dependía directamente del departamento del que era titular. También recuerda que impulsó activamente los preparativos de la convocatoria, poniendo los servicios jurídicos de su departamento a disposición del CTTI, que organizó informáticamente la consulta, para ejercer acciones legales ante una eventual suspensión adoptada por empresas privadas. De hecho, destaca el fiscal, tras conocer la Providencia de suspensión dictada por el Constitucional, "potenció" el desarrollo del denominado "proceso participativo".
Por último, indica que Homs era "plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat", de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional. El pasado mes de diciembre, el Supremo puso fin a la instrucción de la causa en la que investiga a Francesc Homs por el 9N, solicitando su procesamiento.