La alcaldesa de Barcelona solo tenía una opción para aprobar los presupuestos para 2017: recurrir a una moción de confianza y aprobarlos pese a estar en minoría transcurridos 30 días. Así lo anunció en el pleno del consejo municipal de este viernes, tras una votación nominal y no por grupos en la que obtuvo 15 votos favorables y 26 negativas.

El Ayuntamiento de Barcelona está fragmentado debido a la gran variedad política de los grupos municipales que lo forman, algo que ha impedido formar un gobierno alternativo al de Ada Colau. Pese a las discrepancias, hay un argumento que todos ellos comparten: la falta de voluntad para negociar que ha mostrado la alcaldesa.

Una de las quejas más sonadas fue la fecha de entrega del documento de los presupuestos que, al parecer, Colau repartió con escaso margen: apenas 48 horas en las que resolver las alegaciones que en su mayoría, además, tampoco fueron contestadas. Ciudadanos se quejaba de que, de 45 alegaciones, respondieron a 8; el PP, de que les rechazaron 85, y la CUP Capgirem Barcelona, de que recibieron los presupuestos un viernes y el lunes tenían que dar una respuesta.

Vivienda insuficiente

Las carencias o puntos débiles de los presupuestos en sí giran en torno a una serie de temas clave para todos los grupos municipales, aunque las divergencias no son las mismas. El primero es la vivienda, uno de los asuntos estrella, o quizá el principal, con el que llegó la alcaldesa al Gobierno. Prometía la reducción de los desahucios y la habilitación de un parque de viviendas en la ciudad, algo que a hoy por hoy no se ha cumplido y que los presupuestos tampoco contemplan.

El turismo, la joya de la corona de Barcelona, ha sido concebido siempre como uno de los puntos fuertes de la ciudad, por la cantidad de puestos de trabajo y porque aporta economía a la capital catalana, básicamente. Sin embargo, la llegada masiva de visitantes durante el último verano --algo que ha inquietado e incomodado incluso a los propios extranjeros, según las últimas encuestas--, ha puesto en el foco la necesidad de estudiar un cambio en la gestión del turismo para que no se convierta en un problema. Por el momento, las bajas inversiones a los barrios más afectados por el impacto del fenómeno son el objeto de crítica.

Presupuestos opacos

Los partidos de la oposición también reprochan las partidas económicas que ha propuesto Colau en otros aspectos, como la sumisión financiera del Ayuntamiento de Barcelona ante la Generalitat, y critican la opacidad en torno a la cifra que ésta le devuelve al consistorio. También el hecho de que destine más de cien millones de euros a otras inversiones sin especificar.

La seguridad es otro de los puntos de la discordia. La CUP esperaba encontrar una inversión determinada para la disolución de la Unidad de Policía Administrativa y de Seguridad (UPAS), los popularmente conocidos como los antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona. El PP ha lamentado que se recorte un 9% en materia de seguridad, algo que, en su opinión, debería ser intocable.

Las dietas de directivos y miembros del Gobierno; el tranvía; el anuncio de rebajas en las tarifas del agua; el carnet de ciudad; la renta para familias monoparentales; la educación; la municipalización de servicios públicos como el agua y la limpieza viaria; el traslado de la cárcel Modelo, y la llegada del metro a la Zona Franca. La lista de temas que han provocado el descontento de todos los partidos políticos del consistorio, excepto de los propios comunes, es inacabable.