El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de acuerdo con los señalamientos de la sala, ha fijado los días del 6 al 10 de febrero para la celebración del juicio por la organización de la consulta independentista del 9N, contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.
El pasado mes de junio, el juez instructor dictó un auto que da por acabada la instrucción de la causa y mantiene la acusación contra el expresidente Mas, la exconsejera de Educación, Irene Rigau, y la exvicepresidenta Joana Ortega por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. La Fiscalía Superior de Cataluña solicitan nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Generalitat Artur Mas al ser acusado de desobediencia y de prevaricación.
Se trata de la misma pena que se les pide a Joana Ortega e Irene Rigau, vicepresidenta del Gobierno catalán y consejera de Enseñanza en 2014. Aunque en este caso la pena que se pide es menor, de ocho años y siete meses.
Máximo responsable
El instructor acordó dar traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio y presenten los escritos de calificación o soliciten el sobreseimiento de la causa. En paralelo, el Tribunal Supremo mantiene el proceso contra el exconsejero de Presidencia y candidato de CDC al Congreso, Francesc Homs, por los mismos hechos.
En su auto de apertura de juicio, el TSJC explica que Artur Mas "declaró ser el máximo responsable de la iniciativa política" consistente en organizar la consulta "y de haber impulsado el proceso participativo del 9N. Asimismo, refirió haber recibido una comunicación por parte del presidente del Tribunal Constitucional, en la que se le indicaba la suspensión de la convocatoria del 9N y de las actuaciones de preparación de la misma o vinculadas a ella".
Esa comunicación de la orden de suspensión de la convocatoria de la consulta y de las actividades de preparación o vinculadas a la misma "fue recibida en el departamento de Presidencia y también por correo electrónico en el Gabinete jurídico de la Generalitat de Cataluña".
Asimismo, el President de la Generalitat "informó a la consellera Rigau i Oliver y a la consellera Ortega i Alemany de la existencia de la providencia y de la orden de suspensión". Rigau y Ortega recibieron una comunicación de la delegada del Gobierno en Cataluña, en concreto el 5 de noviembre de 2014, en la que se les indicaba que "adoptar acuerdos como la puesta a disposición de los centros educativos podía contravenir la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional, a la par que se recordaba la importancia de no
adoptar acuerdos o llevar a cabo actuaciones contra lo ordenado en la providencia". Pese a ello, Ortega dio luz verde al despliegue informático para llevar a cabo la consulta, mientras que la consejería de Rigau mantuvo reuniones con responsables de centros escolares para preparar la instalación de urnas.