La fiscalía pide seis años de cárcel para Munar por percibir 600.000 euros en comisiones

Cuando tan sólo ha transcurrido un mes y medio desde que la expresidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, fue condenada a tres años de cárcel por cohecho, la Fiscalía Anticorrupción vuelve a la carga. En esta ocasión para reclamar otros seis años de prisión por haber cobrado más de 600.000 euros en comisiones a cambio de recalificar unos terrenos. 

Interna en el centro penitenciario de Palma desde el 24 de julio de 2013, donde cumple dos condenas que suman 11 años y medio, la antaño todopoderosa líder de la extinta UM –fue disuelta en 2011 sacudida por numerosas causas de corrupción– acumula una nueva petición de pena por concertarse con otros altos cargos del partido para exigir cuantiosas dádivas a los propietarios de fincas que pretendían convertir de rústicas a urbanizables.

Multa de 2,5 millones

Además de los seis años de privación de libertad, el fiscal Juan Carrau, en un escrito de acusación al que ha tenido acceso Crónica Global, solicita para la acusada diez años de inhabilitación, una multa de 2,5 millones de euros y el comiso de 246.000 euros, es decir, una quinta parte de los 1,23 millones que ella y otros dirigentes de su partido percibieron de forma ilícita a raíz de su intervención en la anterior operación. 

Pero no sólo contra ella dirige sus acusaciones el Ministerio Público. También pide que se abra juicio por estos hechos contra el también expresidente del Parlament Maximilià Morales, para quien reclama cinco años de cárcel por prevaricación y blanqueo de capitales, uno menos que Munar, acusada además por tráfico de influencias. 

Los terrenos en cuestión son los del polígono de Son Oms, próximos al aeropuerto de la capital balear. Munar, Morales y el exconsejero insular de Territorio Bartomeu Vicens –quien ya fue condenado en su día por su participación en estas irregularidades– se pusieron de acuerdo para exigir a los dueños de las fincas que pretendían recalificar que, de forma gratuita, les cedieran el 15% de sus solares. 

Empresa tapadera

Para aparentar que la operación era legal, los acusados simularon que los terrenos habían sido comprados a través de una sociedad que, según el fiscal, fue creada expresamente para ello. Así, después de que en febrero de 1999 fuesen recalificados los terrenos, los propietarios de las mayores fincas firmaron ante notario un contrato de compraventa por el que enajenaban el 15% de sus solares a favor de la presunta tapadera. 

Meses después, el Consell de Mallorca ampliaba los límites de edificabilidad en los terrenos, pasando de 380.306 a 797.190 metros cuadrados e incrementándose su valor en más de cinco millones de euros. La empresa propietaria de los inmuebles repartió finalmente los beneficios obtenidos entre los acusados: a Munar y Vicens les retribuyó en efectivo y a Morales con varios lotes de terrenos. Hasta el momento, la exlíder de UM ha negado los hechos.