Junqueras quiere adelantarse a Madrid en la creación del 'impuesto Coca-Cola'

De toda la batería de impuestos de nuevo cuño que ha diseñado el Gobierno catalán en su proyecto presupuestario, el que más prisa corre aprobar al vicepresidente de Economía, Oriol Junqueras, es la nueva tasa a las bebidas azucaradas, el impuesto Coca-Cola. Se trata de una carrera para superar al Estado en la implementación del gravamen para asegurar los ingresos por esta vía, tal y como ha explicado el número dos del líder de ERC en la consejería, Pere Aragonés, en un encuentro empresarial este jueves con los miembros del Consejo de Trabajo, Económico y Social (CTESC) catalán. 

La Generalitat tiene asumido que su impuesto desaparecerá tras el anuncio de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, de que se creará una tasa estatal en los mismos términos. La doble imposición está prohibida pero, según la tesis de la Consejería de Economía catalana, si el gravamen catalán está implementado cuando el Congreso dé luz verde al estatal conseguirán una compensación económica por su desaparición. 

Inicio de la tramitación

El entorno de Junqueras asegura que existen diferencias técnicas que lo justifican respecto a otros casos en los que se ha anulado una tasa de nueva creación catalana, como la de los depósitos bancarios. La principal: cuando se empezó a tramitar este impuesto en la legislatura pasada, el Estado también había dado los primeros pasos en este sentido. 

Consideran que en ese momento la gestión burocrática coincidió. “Ahora, nosotros hemos empezado la tramitación y el Estado no”, ha explicado Aragonés a los miembros del CTESC, “y no se puede crear un nuevo impuesto mediante un decreto ley”.

Por lo que será el Gobierno central el que invada una competencia tributaria catalana y, en esta tesitura, la Generalitat considera que deberá recibir una compensación económica. 

Tirón de orejas en el CTESC

Aragonés ha asistido al CTESC para presentar el proyecto presupuestario de Junts pel Sí y las principales magnitudes macroeconómicas del ejercicio, aunque la mayoría de datos que ha expuesto eran de 2015 a la espera del cierre oficial del ejercicio en curso. Ha asegurado ante los miembros de este organismo de análisis económico en el que coinciden todos los agentes sociales que el proceso independentista no ha afectado a la evolución económica y que las cuentas presentadas al Parlamento son las más sociales que se podían permitir. 

Los miembros del CTESC han enmendado todas estas consideraciones en el turno de preguntas, aunque la cuestión más controvertida ha sido, precisamente, la creación de nuevos impuestos. Los representantes empresariales consideran que es un freno al crecimiento por la elevada imposición y los sindicatos que distorsionan el mapa fiscal porqué, al final actúan como una alternativa al incremento de la imposición directa.