El vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), presenta hoy sus segundos presupuestos, en esta ocasión con el aval de la CUP. Los antisistema tumbaron las primeras cuentas del Gobierno de Carles Puigdemont, lo que dio lugar a una prórroga presupuestaria y una cuestión de confianza, que el presidente catalán superó tras prometer que celebraría un referéndum en septiembre de 2017. Precisamente, la inclusión de una partida destinada a celebrar esta votación es la que ha allanado esa segunda oportunidad presupuestaria.
En cualquier caso, tanto PP como Ciudadanos amenazan con pedir un dictamen al Consejo de Garantías Presupuestarias –una especie de Tribunal Constitucional a la catalana— como paso previo a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Si las cuentas de 2017 incluyen una partida específica, el recurso judicial está garantizado, aunque podría quedar diluido en los presupuestos destinados a procesos de participación ciudadana.
Los antisistema se han comprometido a dar luz verde a la tramitación parlamentaria de esas cuentas, pero rechazan el "chantaje" de Junts pel Sí: sin presupuestos, no hay referéndum.
ERC saca pecho
Por su parte, los presupuestos de 2017 llegan hoy al Parlamento catalán precedidos de fuertes críticas por parte de las formaciones de izquierda, que prevén nuevos recortes sociales. Tanto PSC como CSQP, la marca catalana de Podemos, reprochan a Junts pel Sí --ERC y CDC-- y la CUP que no hayan abordado la reforma del tramo autonómico del IRPF, así como los impuestos de sucesiones y patrimonio, para lograr más ingresos. En este sentido, las formaciones independentistas han sustituido esa mayor presión fiscal que reclama la izquierda por la creación de un nuevo impuesto sobre bienes de lujo –dirigido a aviones, barcos, inmuebles o coches de gama alta registrados a nombre de empresas, pero de uso particular— regulado al margen de los presupuestos.
Por el contrario, el Gobierno catalán sostiene que los Presupuestos de la Generalitat de 2017 son los más sociales de la historia, pues contemplan un aumento en el gasto social de 1.000 millones respecto a 2015. ERC aprovecha esas cifras para sacar pecho: asegura que, desde 2012, ha contribuido a incrementar los ingresos en 1.280 millones impulsando el impuesto de depósitos bancarios y de pisos vacíos, y modificando los de sucesiones y donaciones, lo que ha permitido potenciar las políticas sociales de la Generalitat.