La Generalitat culpa a España de las desigualdades en Cataluña
Un informe del Gobierno catalán asegura que la falta de competencias impide que suban el salario mínimo o implanten una renta básica incondicional
18 noviembre, 2016 00:00El Gobierno catalán presentó el miércoles el informe Análisis y herramientas para hacer frente a la pobreza y la desigualdad. En él, 19 expertos analizan las causas de la desigualdad que sufre la sociedad catalana y proponen diversas medidas para combatirla. Sin embargo, advierten de que éstas no pueden aplicarse porque la comunidad autónoma carece de las competencias suficientes.
Los autores constatan que la economía catalana evoluciona favorablemente, con un PIB que crece por encima de la zona euro, y que el paro se reduce de manera notable. No obstante, recuerdan que la "recuperación económica no ha llegado a todo el mundo" y que los "efectos sociales negativos derivados de la crisis todavía persisten".
En este sentido, el estudio denuncia que, aunque la tasa de pobreza en Cataluña ha descendido hasta el 19%, sigue siendo superior a la media de la zona euro (17,2%). También alerta de que las cotas de desigualdad distan todavía de ser aceptables: el 7,8% de los catalanes con sueldos más altos gana seis veces más que la población con salarios más bajos.
Cataluña distribuiría mejor la riqueza
Para luchar contra estas cifras adversas, los autores apuestan por adoptar medidas como "subir el salario mínimo", un "permiso de paternidad ampliado e intransferible", un "sistema de prestaciones públicas más sencillo y flexible" o la "implantación de una renta básica incondicional".
A pesar de la bondad de sus propuestas, los expertos revelan que las "restricciones del actual marco autonómico" en "competencias" e "ingresos" impiden que la Generalitat pueda llevarlas a la práctica. A modo de ejemplo, el documento informa de que el sistema tributario debería distribuir con mayor eficacia la riqueza. Lamentablemente, el "Gobierno catalán no tiene capacidad para hacerlo, ya que los grandes impuestos son gestionados directamente por el Estado".