Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau no serán juzgados por malversación de fondos además de por desobediencia y prevaricación con la consulta del 9N. Así lo acaba de hacer público el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que rechaza de esta forma la petición que había hecho la acusación popular, encabezada por el Sindicato Profesional de la Policía.
La Sala Civil y Penal del TSJC recuerda que para que existiese este delito tendrían que haberse empleado fondos públicos para “usos particulares”, o bien del supuesto malversador o bien de un tercero.
Petición de la acusación
La acusación, constituida por el Sindicato Profesional de Policía, unión Federal de Policía, Asociación Arca Ibérica, Alberto Delgado y el Sindicato Manos Limpias, defendía que los organizadores se gastaron 4,7 millones en la consulta y después de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) decidieron no suspender también los contratos.
También consideraban que la cesión de 2.000 ordenadores para realizar la votación era “una verdadera malversación” porque fueron destinados a diferentes fines para los que habían sido adquiridos.
El TSJC, sin embargo, rechaza estos argumentos y argumenta que “el mero hecho de que los caudales se destinen a una función pública distinta a aquella a la que deberían servir” no constituye malversación.