La CUP, siempre con el pie puesto en el acelerador independentista, considera que las leyes tributarias aprobadas a finales de octubre en el Parlamento catalán son “autonómicas” y que, por tanto, poco o nada aportan a la construcción de un estado propio. Aseguran que esa normativa se podría haber aprobado hace diez años cuando comenzó a gestarse la nueva Agencia Tributaria de Cataluña. Los antisistema exigen ahora, por ello, el control de las aduanas catalanas, paso necesario para el procés.
Los cupaires ponen más presión al Gobierno de CDC y ERC y, en su recién creado Observatori de Procés, denuncian el ritmo lento que lleva el desarrollo fiscal catalán, pues la parte del Código tributario aprobado en la Cámara autonómica “apenas contiene las disposiciones generales de la administración tributaria catalana y organismos como el Consejo Fiscal de Cataluña, la Agencia Tributaria de Cataluña, la Junta de Tributos de Cataluña o el Instituto de estudios Tributarios de Cataluña, ya previstos por la legislación autonómica".
Nuevos impuestos
Por lo tanto, son difícilmente impugnables por parte del Tribunal Constitucional, a diferencia de la Autoridad Catalana de la Propiedad Inmobiliaria, las Aduanas de Cataluña o los impuestos propiamente dichos”. En este sentido, critican que no se haya entrado a debatir cuáles serán los impuestos de la nueva República.
El control de las fronteras catalanas es uno de los ejes de la transición hacia la independencia, tal como contemplan varios informes elaborados por la Generalitat, la Asamblea Nacional Catalana y ERC.
El Libro Blanco de la Transición, que incluye el control de las fronteras, recopila los trabajos efectuados por el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, elegido como arquitecto del proceso hacia la independencia.