El Ayuntamiento de Badalona acusa a la Delegación del Gobierno en Cataluña de “mala fe” por denunciar a última hora la intención de apertura el 12-O. La abogada del Ejecutivo municipal ha recordado ante el juez que el calendario laboral estaba fijado desde hacía más de seis meses.
La abogada del ayuntamiento ha insistido en que primó “la libertad ideológica de los trabajadores” municipales, que podrían elegir libremente entre acudir a sus puestos o no, y de los vecinos a los que se les ofrecía la posibilidad de hacer trámites durante la Fiesta Nacional.
La respuesta del Ejecutivo central
El defensor de la Delegación del Gobierno ha sostenido que nunca recibieron un comunicado oficial sobre la decisión de apertura del consistorio, y que fue “la prensa” la que informó del plan.
En el mismo sentido, ha argumentado que, de haberse consumado la posibilidad de apertura por razones ideológicas, se habría comprometido a los funcionarios “tanto de una opción como de otra al involucrarlos políticamente”.
Estos han sido los argumentos en la vista celebrada ante el juzgado contencioso en la Ciudad de la Justicia de Barcelona dedicada a la presentación de alegaciones para levantar o no la medida cautelar decretada tras el recurso de la Delegación del Gobierno de suspensión de la decisión municipal y que, en la práctica, no tendrá trascendencia pasado ya el 12 de octubre.
Todo el equipo de gobierno municipal
A la vista ha acudido el equipo de gobierno de Badalona al completo, a excepción de la alcaldesa, Dolors Sabater, de viaje.
Esta demanda se desarrolla al margen del procedimiento penal por presunto delito de desobediencia, después de una denuncia presentada el miércoles por el PP: Badalona acató la orden judicial de que los funcionarios no trabajasen, pero hay que investigar si los concejales que acudieron al ayuntamiento para atender a los vecinos se saltaron la resolución. La Fiscalía se suma a esta vía.