El Ministerio del Interior reconoce la chapuza en los datos sobre las elecciones generales del 20D. El departamento liderado en funciones por Jorge Fernández Díaz admite “errores” en los censos para el Congreso y el Senado que aparecen en los datos definitivos de su página web. Fuentes ministeriales aseguran que se trata de una “cuestión interna” que en ningún caso afecta a los resultados electorales.

Pese a las irregularidades, desde Interior descartan abrir una investigación al respecto y quitan importancia al asunto. “El ministerio está trabajando para que en el plazo más breve posible esta información esté disponible”, afirman. Los motivos del “desfase” se desconocen. Una vez se encuentre el foco del fallo y se solucione, se cambiarán los datos de la web.

Más de 91.000 electores de diferencia

Hace más de nueve meses de los comicios, que fueron seguidos por los del 26J. La cartera de Fernández Díaz se justifica con la situación excepcional de dos elecciones con tan poco tiempo. Según las fuentes de Interior, los datos definitivos de las votaciones tienen que hacerse públicos como máximo seis meses después de que se produzcan, fecha que en este caso coincidió con los comicios de junio.

La diferencia no es poca, y el error no había sido detectado por los trabajadores del ministerio. Mientras que la Ley Electoral indica que el censo es único (en el artículo 31), la diferencia entre el dato nacional para el Congreso y para el Senado es de 91.150, tal y como todavía se puede ver en la página web.

Los CERA provinciales, autonómicos y nacional

Una de las anomalías es la que se observa en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA), los ciudadanos que viven en el extranjero. Entre ambas cámaras hay una diferencia de más de un millón de personas, que se compensa con la cifra del censo de residentes en España, más de un millón mayor en el Senado que en el Congreso.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es quien proporciona los datos del censo. Preguntadas por este periódico, fuentes del organismo aseguran que sacaron una sola cifra, como siempre, y que desconocen de dónde pueden haber obtenido la incorrecta, que el ministerio indica para el Senado. 

El asunto ha llegado a la plataforma Convocatoria Cívica, presidida por el exjuez Baltasar Garzón. La asociación exige una auditoría externa, la comparecencia del ministro Fernández Díaz en el Congreso y ha empezado una campaña de firmas para defender su postura.