Los partidos independentistas han salido en defensa del expresidente Artur Mas, y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, que frontan una petición de la Fiscalía de hasta 10 años de inhabilitación por organizar la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014.
“Nos quieren inhabilitar por habilitar que la gente hablara. Inédito en el mundo”, ha escrito la exvicepresidenta Joana Ortega, para la que el ministerio público pide 9 años de inhabilitación junto a la exconsejera de Educación, Irene Rigau.
Por su parte, la coordinadora del Partit Demòcrata Català, Marta Pascal, ha calificado la petición fiscal como “un veredicto del Estado. ¿En qué país del mundo poner urnas es delito?”, se ha preguntado la dirigente de la nueva CDC.
El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha expresado el total apoyo de su partido a los tres procesado y ha asegurado que esto no truncará el proceso soberanista: "No descarrilaremos". Tardà ha denunciado la “represión y violencia judicial” del Estado
Por el contrario, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha recordado a los inculpados que “nadie está por encima de la ley”