Aprobado y oficial. El Consejo de Ministros ha votado a favor de la modificación del Impuesto de Sociedades, cuyo tipo mínimo pasará del 12% al 23%, según ha informado la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. El objetivo de la reforma es la recaudación de 8.000 millones de euros más al año, cifra que permitirá la reducción del déficit pactado por el Gobierno con Bruselas, que debe situarse en el 4,6% del PIB en 2016.

La reforma afecta a las aproximadamente 9.000 empresas que facturan más de 10 millones de euros anuales y estará en vigor, como mínimo, este año y en 2017. El Gobierno podría prolongar la medida otro ejercicio en función de la evolución del déficit. Se mantendrá, de hecho, hasta que el déficit público baje del 3% del PIB, según el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. El objetivo, ha afirmado, es mantener una recaudación total del Impuesto de Sociedades de entorno a 20.000 o 21.0000 millones de euros al cierre de 2016.

Sáenz de Santamaría, por su parte, ha insistido en que no se trata de una subida de impuestos, sino de un "cambio de metodología del pago fraccionado". Montoro, en la misma línea, también ha mantenido que no es una subida de impuestos, sino de los pagos que se adelantan a cuenta, y que al año siguiente con la presentación de la declaración se liquidarán las diferencias que puedan existir a favor de la empresa o del Estado.

Ley de Estabilidad presupuestaria

El tipo mínimo del pago fraccionado, que actúa como un adelanto de la liquidación del impuesto, se aplicó entre 2012 y 2015. Entonces, quedó suprimido por la reforma fiscal, pero el Gobierno lo recupera, incrementado, por la caída de más del 50% de los ingresos por sociedades.

La vicepresidenta, por otra parte, ha explicado que el Ejecutivo negocia con los grupos parlamentarios una proposición de Ley para reformar la Ley de Estabilidad presupuestaria. El objetivo de estos encuentros es el traslado de los nuevos objetivos de déficit marcados por Bruselas a las Comunidades Autónomas.

Otra medida aprobada por el Consejo de Ministros es la distribución del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) relativo al cuarto trimestre para mejorar los tiempos de cobro de los proveedores. Todo ello, dice, para evitar “daños a los españoles, que las administraciones tengan nuevos objetivos de déficit y para favorecer el pago en plazo a los proveedores”.