Después de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tomara el control este mes de la gestión de los servicios funerarios, parece que la fiebre contraria a la municipalización en aquellos servicios en los que la gestión no es la adecuada se extiende a otras ciudades españolas. Es el caso, por ejemplo, de Barcelona y de la explotación de esa misma actividad en la ciudad, que está en manos de Mémora, una empresa vinculada al fondo de capital riesgo 3i.

Las dos capitales españolas no son las únicas que sopesan acabar con las privatizaciones de los últimos años. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de León ha reclamado que se inicien los trámites “inmediatamente” para recuperar la gestión directa de los servicios funerarios de la ciudad. Según la formación socialista, “la gestión directa serviría para un mayor control sobre los servicios funerarios pero, sobre todo, para prestar un mejor servicio a los leoneses con un menor coste directo e indirecto para ellos”.

Inquietud en el equipo de gobierno

Los argumentos utilizados en ambos casos, en el de Madrid y en el de León, podrían exportarse a Barcelona, donde algunos miembros del equipo de gobierno de la alcaldesa, Ada Colau, se han pronunciado en privado a favor de una municipalización de los servicios funerarios de la capital catalana. Los motivos que están sobre la mesa son análogos: una mala gestión, un incremento de precios para los ciudadanos y, además, la falta de reinversión de los beneficios de las empresas explotadoras en la mejora de los servicios e instalaciones.

En el caso de Madrid, Funespaña, el socio privado con un 49% del capital, obtuvo unos beneficios de 64,4 millones de euros de los que sólo invirtió 1,2. Además, en el primer semestre de este año, los beneficios han bajado más de un 4,3% con respecto al año anterior y los ingresos, un 7,7% con respecto a los seis primeros meses de 2015. Fuentes empresariales atribuyen estos resultados a la mala gestión de los servicios funerarios y a la falta de sensibilidad social.

Un coste para las arcas municipales

El Ayuntamiento de Barcelona tendría que solicitar los informes técnicos y jurídicos que confirmen en qué situación se encuentra la empresa Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), con una pequeña parte de capital público tras dos tramos de privatizaciones. A partir de ellos, según fuentes municipales, es posible iniciar los trámites para recuperar la gestión directa.

Miembros del consistorio barcelonés que encabeza Ada Colau aseguran a este medio que los argumentos para una municipalización de los servicios funerarios son suficientes, sólidos y demostrables, y se resumen en que se trata de servicios básicos que afectan directamente al ciudadano y no pueden estar en manos de empresas financieras. Es el caso, aunque no lo citan de forma directa, de Mémora, sociedad propiedad de 3i, un fondo británico que invierte en compañías a las que obliga a un fuerte y rápido desarrollo para después desinvertir a la vez que se obtienen las mejores plusvalías.

Difícil venta en este momento

Que en el sector asegurador se dé por hecho desde hace meses la voluntad de 3i de retirarse del capital de Mémora y vender a otro inversor constituye también un argumento que pesa en el consistorio. “No podemos consentir que esta gente haga un pelotazo con los muertos barceloneses mientras el servicio decae y empeora”, asegura un alto responsable municipal que se expresa con condición de anonimato hasta que el debate se oficialice en el ayuntamiento y se haga extensivo a todas las formaciones políticas. “No es lo mismo una actividad especializada como el agua, el gas o el tranvía --prosigue-- que una actividad como la funeraria en la que todas las civilizaciones cuentan con años de tradición y conocimiento. Es imperdonable que la especulación llegue a este punto”.

Medios financieros indican que la desinversión de 3i en Mémora se hace ahora más difícil a la vista del debate abierto entre los gobernantes locales. Su participación en Mémora se resiente de la inseguridad jurídica que suscita una actuación municipal como la que algunos integrantes del equipo de gobierno pretenden llevar a cabo.

Una propuesta con apoyo popular

El gobierno municipal de Colau impulsó un proceso participativo con el objetivo de que la ciudadanía y las entidades y organizaciones sociales tuvieran ocasión de proponer actuaciones en el Plan de Actuación Municipal (PAM) 2016-19. Se recogieron más de 10.000 propuestas de las que el ayuntamiento ha aceptado 8.000. Entre las aceptadas por el gobierno municipal, las que hacen referencia a la remunicipalización de los servicios funerarios son las que gozan de más apoyo entre la población, por detrás, claro está, de grandes proyectos de ciudad como la cobertura de la Ronda de Dalt.

Entre estas propuestas figuran: “Remunicipalizar los servicios funerarios para tener entierros a precios dignos”, con 383 apoyos; “Funerales dignos a precios justos y gratuito para pobres pero con dignidad y sin fosa común”, de la Asociación de Vecinos y Vecinas Coll-Vallcarca, con 114 apoyos; “Frenar el monopolio funerario”, de Solidaritat Catalana per la Independència, con 69 apoyos, y “Para favorecer la rebaja de los elevados precios de los servicios funerarios en Barcelona”, de la Asociación ESFUNE, con 66 apoyos.