Reunión en la nueva sede de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), situada en la Zona Franca de Barcelona. Mucho directivo de la Generalitat frente a un grupo de alcaldes interesados en la soberanía fiscal, esto es, el ingreso de los impuestos que recaudan los entes locales (IRPF de los trabajadores municipales o IVA) en la hacienda catalana. Como se sabe, la consigna de la vicepresidencia económica de Oriol Junqueras (ERC) es promover esa especie de insumisión fiscal, aunque en realidad, esos ingresos recaudados por la ATC pasan automáticamente a la hacienda española. Pero de gestos vive el procés independentista.

“¿Y cómo tenemos que hacer ese ingreso? ¿Qué protocolo existe?”, preguntó uno de los primeros ediles. Uno de los altos cargos le invitó a visitar la página web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), entidad que junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) está especializada en el agitprop separatista en general y en la organización de las movilizaciones de la Diada en particular.

79 ayuntamientos "insumisos"

La AMI facilita unos folletos con información muy somera al respecto y, a modo de bucle, remite a un enlace genérico con la ATC. Según esta asociación, 79 ayuntamientos ya ejercen la soberanía fiscal, mientras 186 han aprobado mociones a favor de esa independencia tributaria. Fuentes de Vicepresidencia reconocen que, al tratarse de tributos que se rigen por la ley española, el procedimiento de pago se basa también en normas estatales. Y reiteran que, una vez recibidos los ingresos en la agencia catalana, se transfieren inmediatamente al fisco español.

Sin embargo, ya se han producido los primeros desajustes por incumplimiento de los plazos de tributación previstos, como es el caso de Argentona (Barcelona), con aviso de recargo, pero el problema se pudo solucionar in extremis con el pago telemático. La Agencia Tributaria española establece un calendario con las fechas límite mensuales para realizar esos ingresos. Su incumplimiento es sancionable. Y el Ejecutivo catalán no aclara quién tendría que pagar esos recargos, si el ayuntamiento o el trabajador.

Complicado proceso

Consciente de esos desbarajustes, el Gobierno catalán insta a los ayuntamientos a pagar a la ATC 15 días antes de que se cumpla ese plazo para poder hacer las revisiones preventivas, algo que los municipios, incluso aquellos que tienen vocación separatista, rechazan, pues muchos de ellos acumulan deudas y problemas financieros que les obligan a apurar los plazos. Vilassar de Dalt (Barcelona), por ejemplo, se echó para atrás en la decisión de abrazar la independencia fiscal debido a sus precarias finanzas.

Tributar en la hacienda catalana, en definitiva, pone a prueba el patriotismo municipal, pues los ayuntamientos dispuestos a realizar esos gestos simbólicos optan por buscarse la vida y establecer sus propios y complicados procedimientos: rellenar un formulario de la ATC que permite transferir dinero a una cuenta corriente de la Generalitat en concepto de pago de IVA e IRPF; posteriormente, el contribuyente debe entregar en una oficina de la Agencia catalana el justificante del ingreso en un plazo de siete días y declarar el importe a la Hacienda española y, finalmente, a la hora de hacer la declaración, indicar a Hacienda que se cargue el importe a la cuenta bancaria del Ejecutivo catalán donde previamente se han ingresado el dinero. Y todo ello para que, al final, la tributación vaya a parar al fisco español.