Así son los estatutos supremacistas de los ayuntamientos 'indepes'

Desde que se fundó la Associació de Municipis per la Independència (AMI) en plena gestación del llamado procés independentista, en 2011, la entidad ha ido ganando peso dentro del territorio catalán. En los últimos años el número de municipios adheridos ha ido en aumento, hasta alcanzar los 764 ayuntamientos catalanes (más del 80% del total de consistorios), que desde su fundación han aceptado adherirse a un estatuto que revela enfoques tildados por algunos críticos de maniqueístas y supremacistas con el resto de ciudadanos de España. 

En su reglamento, la AMI se refiere a Cataluña como una entidad monolítica y opuesta a “España”, que “ha sufrido de España desde antes de 1714”. Uno de sus párrafos más cuestionados hace referencia a una supuesta superioridad intelectual de los catalanes con el resto de españoles: “Sabemos que, en Cataluña, el trabajo, la ciencia, las artes, el pensamiento siempre han estado a la vanguardia de la realidad y del sentimiento de un pueblo, en contraposición de la dedicación de las élites españolas de habla castellana, dedicadas a la gran administración, al ejército y la judicatura”.

O este otro: “Es del todo conocido que este mismo espíritu agresivo, excluyente e inquisitorial apartó a España de las corrientes científicas, políticas y humanísticas que se desarrollaron a Europa y América”. En el documento, los supuestos agravios "contra Cataluña" se remontan a 1714 e inciden en la época histórica de Felipe V, las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. La Transición democrática, sin embargo, viene despachada con una sola frase.

Persuadir a Ada Colau

La entidad que presidió el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende cambiar sus estatutos, al darse cuenta de que su tono nacionalista roza la intolerancia y es una rémora para lograr penetrar en el área metropolitana, la que concentra la mayor parte de población catalana, con éxito. De hecho, la campaña de la AMI para que Barcelona celebre una consulta secesionista no ha conseguido todavía convencer al Gobierno de Ada Colau, que sigue debatiendo si finalmente acuerda o no poner fecha a la consulta no vinculante.

Según explican desde la asociación a este medio, la razón para cambiar los estatutos es: "Difundir la realidad catalana a todos los alcaldes del mundo y adaptarlos a la nueva realidad del proceso [secesionista]". Sin embargo, voces del entorno independentista también han expresado su malestar con respecto a unos argumentos que no dan una imagen democrática e igualitaria de la entidad.

"La justicia está por encima de las leyes"

Una de las frases más repetidas por el entorno secesionista que también se recoge en los estatutos de la AMI es la de que la “voluntad” está por encima de las leyes. También la contraposición entre justicia y ley. “Y, por eso, nos hemos de fundamentar en bases legales siempre que sea posible, pero teniendo muy presente que la justicia está por encima de las leyes que evolucionan constantemente”, suscriben.

En conversación con la experta jurídica de la Comisión y el Parlamento Europeo, Teresa Freixas, para saber la validez de este postulado, la experta lo desacredita del todo: “No existe falacia mayor en el mundo democrático --asegura--. Acatar la ley sólo si les conviene. ¿Son ellos quienes definen lo que es la justicia? No es aceptable este argumento en ninguno de los estados democráticos europeos”.

Manipulación

El llamado “derecho a decidir” que, según el reglamento de la entidad, "está previsto en la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas", sería una "manipulación descarada", afirma la catedrática en Derecho Constitucional. “La Declaración de Derechos Humanos no reconoce de ningún modo el derecho a decidir, ni en el preámbulo ni en los artículos que contiene. Afirmar esto es una manipulación descarada que es necesario combatir”, resuelve a este respecto.

Uno de los puntos más esencialistas de los estatutos es la apelación al “derecho natural” y a la “nación catalana”. Freixes indica que este supuesto derecho natural “no es un derecho aplicable”. “Está formado --insiste-- por reglas morales que ni tan siquiera son comunes a todas las sociedades ni a todos los países”.

Si la intención es dar a conocer el proceso desde el punto de vista municipal al resto del mundo deberán readaptar más aspectos de su reglamento, ya que no tienen ningún apoyo jurídico que lo avale, sostiene Freixes. “Toda esta fraseología es confusa y únicamente tiene la voluntad de generar actos de fe para justificar los objetivos secesionistas. Pero no tiene ningún apoyo jurídico, ni en el derecho interno, ni en el europeo o internacional”, concluye la experta de la Unión Europea.