El Consejero Delegado de la Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, confesó que la policía española le chantajeó para que les facilitara datos relevantes sobre las cuentas bancarias del clan Pujol en el Principado. Como dicen en su argot los delincuentes barriobajeros, el CEO del BPA (en prisión desde hace casi dos años) se “derrotó” y lo “cascó” todo.

Esa información, obtenida de forma ilícita por unos policías de alta graduación y renombre en el ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz, sirvió de base para la solicitud de aquella comisión rogatoria. El informe, que finalmente acabó llegando a la Audiencia Nacional, reveló los flujos de dinero y las transacciones bancarias que desde Andbanc a BPA, y desde éste a otros bancos en España y en el extranjero, realizaron los Pujol. En la mayoría de los casos, bajo la batuta del jefe del clan, Júnior, Jordi Pujol Ferrusola.

Rogatoria en entredicho

Ahora, esa rogatoria está en entredicho. No por ser falsa, sino porque quizá no sea legal.

La llaman “la teoría del fruto del árbol envenenado”. La acuñó un magistrado norteamericano durante el siglo pasado: toda la información incriminatoria que emana de una inicial prueba ilegal, es ilegal. Los Pujol se saben esa doctrina de carrerilla y se frotan las manos, ansiosos, esperando noticias de la justicia andorrana que tiene sobre su mesa acuclillarse o, por el contrario, dar oxígeno a una clan familiar vilipendiado en su prestigio pero que no ha entrado en prisión.

De la Mata se aferra

Si la información andorrana no es válida, se desmoronará una parte del caso, pero no necesariamente su totalidad.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto líneas de investigación sobre los business de Pujol Ferrusola en medio mundo. El juez mantiene secreta una pieza de investigación y espera recibir en breve la descafeinada indagación que otro juez de la Audiencia nacional, Santiago Pedraz, ha llevado a cabo sobre Oleguer Pujol, el benjamín del clan. Oleguer esgrime la coartada de haber pagado lo indecible a modo de declaraciones tributarias complementarias y multas varias y, además, goza del apoyo de la familia de Javier de la Rosa que, de forma pública y por escrito, han reconocido que los comisionistas del controvertido asunto de la sucursales del Santander son ellos ,“descartando”, como dicen en su argot los choros, al pequeño del ex president.

Aún hay partido

Jueces y fiscales, piden calma, y dicen que queda mucha partida.

Los Pujol, que han mordido el polvo, al menos desde el punto de vista reputacional y también desde el ámbito de lo económico (complementarias, indemnizaciones, multas, minutas de abogados, campañas de desagravio, etcétera), sin embargo, confían ver ahora y, especialmente tras los últimos acontecimientos en Andorra, la luz al final del túnel. Y los hermanos Cierco, antiguos dueños del BPA que se quedaron sin banco tras el escándalo que llevó a su hombre de confianza, Joan Pau Miquel, a la cárcel, también.

Se gira el calcetín

Los Cierco asumirán que se les escapó de entre los dedos una información que debían haber custodiado pero, por otro lado, ponen nombre y apellidos a las cloacas del Estado español. Y eso les va a beneficiar. Lo hacen no sólo en Andorra, sino también en el corte judicial norteamericana, donde han recurrido para denunciar que la información del Tesoro de EEUU que motivó el asalto judicial al BPA fue inducida por torticeros informes de la UDEF y el Banco de España.

Los Pujol y los Cierco están ahora paradójicamente unidos frente el peligro. 

Anticorrupción y los jueces de la Audiencia buscan templar los ánimos, según todas las fuentes. Aunque parezca contradictorio, tienen la sensación de que, en este asunto, el tiempo corre del lado de la acusación.