Sin paños calientes, Esaú Alarcón desmonta algunos mitos sobre el supuesto expolio fiscal catalán. Abogado, profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU y miembro de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), Alarcón arremete contras las presuntas bondades de la independencia.

-Los empresarios proponen un pacto fiscal como alternativa a la independencia unilateral ¿es viable?

-El pacto fiscal ya existe. En la Constitución hay un régimen de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) que viene desarrollado por una ley orgánica que es la que regula la parte de la cesta impositiva del Estado que pasa a las regiones. Esa ley se ha ido modificando a lo largo de la democracia por los partidos en el Gobierno, en función de las necesidades de las CCAA y, señaladamente, a causa de las presiones de los partidos regionalistas cuando han tenido la llave del gobierno de turno. Cuando se habla de pacto fiscal se está pervirtiendo el lenguaje, algo muy propio de la política actual, en la que a la secesión se la llama DUI o RUI y a un golpe de Estado se le llama desconexión, pues lo que se pretende no es un pacto fiscal sino un régimen de financiación privilegiado como el que tienen País Vasco y Navarra.

A mi modo de ver, ese no puede ser el camino. Los regímenes forales desaparecerán más tarde o más temprano, merced a que van en contra de las libertades previstas en los tratados constitutivos de la Unión Europea. Además, no se olvide que esos regímenes forales se fundamentan en unos motivos históricos que Cataluña no puede alegar.

-Si hay reforma constitucional ¿se debe abordar la financiación autonómica?

-Lo que sí debería modificarse, radicalmente, es la Constitución en cuanto al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, que a día de hoy está claro que hace aguas. Se han creado unos gobiernos regionales, con sus banderas, con sus fiestas propias, con sus himnos y con sus factótums políticos regionales que son financieramente irresponsables. Perciben más o menos de los ingresos públicos, en función de lo recaudado y del porcentaje previsto en la ley de financiación, pero no responden de cómo gastan ese dinero.

En efecto, el sistema actual parte de que la mayor parte de la cesta de ingresos públicos son tributos estatales y es el Estado el que los cede, total o parcialmente a la región, que es la que asigna presupuestariamente ese dinero a las partidas que le viene en gana. Es como si a un niño de 7 años le dieran su semanada y con ello se fuera al supermercado a comprarse lo que le diera la gana, sin que sus padres le exigieran la vuelta y el tiqué de compra.

-¿Más control del gasto autonómico?

-Lo que resulta básico es crear un nuevo sistema, el que sea, pero en el que las Comunidades respondan de sus gastos y, todo aquello que destinen para asuntos que no sean de su competencia, se minore de la siguiente asignación. Lo mismo se puede aplicar a los ayuntamientos. ¿Qué hace Ada Colau yéndose a Siria de viaje oficial si entre las competencias de una corporación municipal no están las relaciones internacionales? ¿Quién vigila hoy en día las subvenciones que se conceden hoy en día a entidades cuyo objeto social básico es destruir el Estado?

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en una imagen de archivo en el Congreso de los Diputados / EFE

Como promovía César Molinas en uno de sus libros, debería volver la figura del “interventor”. Un señor de Madrid que va por los ayuntamientos y Comunidades a controlar las cuentas de cada corporación, con potestad para ajustar a la baja o a la alza lo malgastado. Alguien dirá que para eso está el Tribunal de Cuentas, pero lo cierto es que muchos lo llaman el tribunal de cuentos…

-¿Existe el expolio fiscal?

-No existe un expolio pues las balanzas fiscales cada uno la calcula con aquellos baremos que más le benefician. Esos 16 ó 17 mil millones de los que se hablaban han quedado en el olvido y ahora se habla de un déficit de unos cuantos millones de euros. No sé realmente si es así o no, pero lo cierto es que el problema de base es el sistema de financiación de las CCAA, que ha quedado demostrado que está mal planteado en la Constitución. Además, en la Carta Magna se habla de un principio de solidaridad interregional, de modo que no lleva a ninguna parte aplicar cada año una balanza con lo que se cobra de más o de menos. Existen territorios que por naturaleza no pueden tener la economía que tiene Cataluña, pero sí destacan en otras materias.

Ese supuesto expolio parte de la base de que la tributación --los impuestos-- acompañan a las empresas y personas, de modo que lo que ganara Caixabank se asignaría como “ingreso catalán”. De igual modo, lo que ganara un miembro de la familia Carulla sería también ingreso catalán.

Eso es una gran falacia. La asignación tributaria no sigue ese método “personal”, sino que se basa en la territorialidad. Es decir, si Cataluña fuera independiente de España, habría que segregar la facturación de Caixabank que se genera en cada territorio y la parte que ganara en España sería “ingreso español” y solo quedaría como “ingreso catalán” la parte que ganara en Cataluña. Lo mismo ocurriría con un Carulla que, si pasara a ser residente en Madrid, ya no generaría ingreso catalán alguno.

Oriol Junqueras, junto a otros dirigentes de ERC, en un acto en favor de la hacienda catalana / EP

-Un estudio afirma que Extremadura y Cataluña son las comunidades con más presión fiscal autonómica ¿también es culpa de Madrid?

-La presión fiscal autonómica la fijan los gobiernos autonómicos. Así de sencillo. Es muy claro: la cesta de tributos estatales se reparte igual en todas las Comunidades Autónomas; la cesta de tributos en los que las Comunidades tienen alguna competencia normativa la fijan los gobiernos regionales. Así, nos encontramos con que Artur Mas y Junqueras pactaron a los dos días de formar Gobierno que el IRPF más caro del mundo sería el catalán y que el Impuesto sobre el Patrimonio de Cataluña sería el más alto de España. Del mismo modo, también el Impuesto sobre Sucesiones catalán tiene unas particularidades que lo hacen muchísimo más caro que el de Madrid, pues allí el gobierno regional estableció unas bonificaciones muy elevadas --tampoco tienen Impuesto sobre el Patrimonio por decisión autonómica-- que no se han fijado aquí.

Existen casos de herencias en las que herederos que son hermanos han pagado uno de ellos cero impuestos y el otro millones de euros porque residían en Comunidades Autónomas distintas. El responsable de ello es, siempre, una decisión de un parlamento autonómico. Por cierto, estas diferencias de gravamen están siendo estudiadas ahora mismo por el Tribunal Constitucional --el Tribunal de Luxemburgo ya ha dicho que son contrarias al Derecho de la Unión-- que esperemos que emita una resolución en breve.

En resumen: si uno paga más IRPF que el vecino, o más Impuesto sobre el Patrimonio o más Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, no es culpa del vecino, sino de sí mismo, que vota a partidos demagogos que le engañan diciéndole que la culpa es de los demás.

-¿Qué modelo de financiación es necesario?

-Habría que crear una ley de armonización fiscal, de modo que esas diferencias de presión fiscal entre CCAA quedaran erradicadas o minoradas. Es evidente que las regiones deben tener sus propias peculiaridades impositivas, pues deben priorizar los aspectos que más destacan en su territorio. Es comprensible que el Impuesto sobre el Patrimonio de Baleares o Canarias fuera más barato que el de Cataluña, por ejemplo, porque es una manera de atraer el turismo. Pero ello no debe llevar a diferencias de cero a 100, que es lo que ocurre ahora mismo. Vaya por delante que Baleares tiene un gobierno regional actualmente que ha puesto los impuestos más caros de Europa y Canarias no es el paraíso fiscal que debería ser dada su ubicación territorial.

-¿Veremos una hacienda pública catalana?

-Ya existe, y se dedica a gestionar los tributos autonómicos y los cedidos por el Estado. Lo que veremos es que esa HP se engordará para dar un aire de separación del Estado, pero en el fondo con la ley actual no puede hacer más de lo que hace. Lo único que sí puede ocurrir y se da por hecho es que las oficinas liquidadoras que ahora gestionan los Registros de la Propiedad, pasen a ser gestionadas por funcionarios de la agencia catalana. La consecuencia de ella ya la conocemos por otras regiones como Madrid o Galicia: habrá una mayor voracidad recaudatoria en los tributos autonómicos como sucesiones, donaciones, transmisiones, mayores comprobaciones de valores...

-El Brexit y sus consecuencias fiscales ¿sirven de lección para Cataluña?

-Las consecuencias fiscales del Brexit se verán a largo plazo y además Reino Unido ha mantenido su propia moneda, a diferencia de España. Si de algo ha servido el Brexit por ahora ha sido para que los votantes se hayan concienciado algo más frente a los extremismos en las recientes elecciones generales. Yo soy contrario a todo tipo de referéndum, pues abre la puerta a consultas sine die, convirtiendo las reclamaciones regionales en un neverendum, que le serviría de comida a los partidos independentistas por los siglos de los siglos. Parece que, en eso, ni algunos partidos nacionales y por supuesto tampoco los regionales se han dado cuenta de que no se puede conseguir una meta tan ambiciosa en contra de la mitad de la población.

Al final, lo que ocurre en Cataluña es un problema de manipulación y de poder informativo y eso solo se puede cambiar modificando el sistema educativo y cambiando el régimen de financiación para que los gobiernos regionales tengan corresponsabilidad y asuman las consecuencias de sus desmanes en materia de gasto, que no dejan de ser desviaciones de poder a las que nadie, hoy en día, pone coto.