Los portavoces parlamentarios del PP, Rafael Hernando, y el de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, han firmado en el Congreso el pacto anticorrupción, una de las condiciones fijadas por la formación naranja para votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy junto a la fecha de esa sesión parlamentaria, fijada para el 30 de agosto.
Pero ¿en qué consiste ese protocolo de buenas prácticas, interpretado en medios políticos como un acto de contricción del PP por sus numerosos casos de corrupción? Las condiciones de Ciudadanos son que ningún cargo público imputado ocupe puestos en el Ejecutivo o se siente en escaños; la eliminación de los aforamientos; la entrada en vigor de una nueva ley electoral basada en tres principios: listas desbloqueadas, mejor proporcionalidad de los votos y fin del voto rogado.
Acabar con los indultos por corrupción política; la limitación de mandatos a ocho años y la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP, es decir, el caso Bárcenas, son el resto de premisas impuestas por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Ayer, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, anunció que la investidura se celebrará el próximo 30 de agosto, por lo que la segunda votación se producirá el día 2 de septiembre.
Además, equipos negociadores de ambas formaciones se reunirán esta misma tarde para avanzar sobre "los asuntos que interesan a los ciudadanos", según Rivera, como la educación, sanidad, dependencia o medidas para combatir el desempleo, con lo que esperan sumar a más grupos parlamentarios.