El proceso independentista crea desafección. Lo demuestra la relación interactiva entre el ciudadano y una institución especialmente proactiva en materia secesionista: el Parlamento catalán.
La Comisión de Peticiones de la Cámara autonómica es un barómetro muy útil para conocer los asuntos que despiertan más interés entre los catalanes. Como su nombre indica, esta Comisión tramita las peticiones que los ciudadanos hacen al Parlamento catalán, tanto a nivel individual como colectivo. Desde que en enero de este año comenzó el curso parlamentario, este órgano presidido por el diputado de Junts pel Sí Marc Sanglas ha recibido 29 propuestas, de las cuales solo dos se refieren a la causa identitaria catalana, pues la mayoría de ellas corresponden a inquietudes relacionadas con la sanidad, los impuestos y la ley electoral.
Así, este agosto, el Parlamento catalán recibió una propuesta que todavía se está tramitando en relación a “la creación de una comisión sobre el genocidio contra los catalanes de 1714”. En abril, un particular propuso la fundación de un banco central catalán, con oficinas repartidas por todas las comarcas del Principado, así como la acuñación de una moneda propia. También instaba a hacer una insólita donación de 6.000 euros de esta nueva moneda a cada ciudadano de la región. La Comisión acordó admitir a trámite esta petición y remitirla a los grupos parlamentarios para que, si lo creen conveniente, puedan promover alguna iniciativa parlamentaria.
Salud, impuestos, ley electoral
Pero el grueso de las peticiones, un total de seis, se refiere a cuestiones que tienen que ver con la salud, como regular la responsabilidad derivada de la actividad médica, la creación de un servicio de urgencias pediátricas en el hospital de Sant Celoni o la aprobación de dotaciones presupuestarias y de un programa de búsqueda sobre el glioblastoma (un tipo de tumor muy maligno), entre otros. La política fiscal también despierta interés entre los catalanes, que han hecho propuestas relativas al impuesto sobre el valor añadido aplicable a la electricidad de uso doméstico o bonificaciones del canon del agua en función del número de personas que conviven en una vivienda en caso de custodia compartida. La necesidad de una nueva ley electoral o el acceso directo de los ciudadanos al Consejo de Garantías Estatutarias –órgano encargado de garantizar el ajuste de las leyes catalanas al Estatuto y la Constitución— forman parte también de esa batería de sugerencias formuladas por los ciudadanos al Parlamento catalán.