La consejera de la Presidencia, Neus Munté, ha garantizado hoy que el Govern mantendrá en pie su hoja de ruta soberanista y ha negado al Tribunal Constitucional (TC) que pueda actuar como un "tribunal ejecutor", capaz de tumbar "opiniones o debates que tienen un carácter político".

Este mediodía, al término de la reunión semanal del Govern, representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han entregado personalmente a los miembros del ejecutivo catalán la resolución del TC por la que suspende las conclusiones del proceso constituyente aprobadas el 27 de julio por la cámara catalana y que abren la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.

El dictamen del TC

Justamente en la reunión de hoy, la última antes del paréntesis veraniego hasta el 30 de agosto, el gobierno que preside Carles Puigdemont ha analizado las consecuencias del último paso dado por el Constitucional.

Después de días de especulaciones sobre las acciones que podría emprender el TC contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, Munté se ha mostrado convencida de que el Gobierno del PP quería que el alto tribunal "hubiese ido mucho más allá".



En la línea de las primeras reacciones de ayer de Junts pel Sí y del propio Puigdemont, Munté ha evitado, en rueda de prensa, comprometerse a acatar lo que dictamine el TC en relación con el proceso constituyente catalán y ha puesto todo el acento en la "obediencia de este Govern al mandato democrático del 27S".



Eso significa que el Govern tiene la "voluntad de continuar avanzando" en el despliegue de su hoja de ruta soberanista "con toda la celeridad" posible, porque se trata de un camino "plenamente democrático, que surge de las elecciones del 27S".



Debates, no leyes

Según Munté, es "absolutamente legítimo" que el TC actúe como "árbitro" para dictaminar si las leyes se ajustan o no a la Constitución, pero no puede "entrar a dirimir" sobre la constitucionalidad de "debates parlamentarios, declaraciones políticas o conclusiones que emanan del normal funcionamiento de un Parlamento", algo que ocurre "demasiado a menudo".



Ni el TC es un "órgano ejecutor" ni la Constitución debe ser concebida como un "código penal", ha remarcado la consejera, que ha recordado que la Carta Magna "ampara la libertad de expresión y de opinión", por lo que no debería ser posible anular las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente catalán.