Detrás de la creación del Partit Demòcrata Català (PDC) hay una compleja estratagema jurídica y contable cuya finalidad es actuar de cortafuegos de las deudas, los embargos y las responsabilidades pecuniarias de la antigua CDC.

Según ha podido saber Crónica Global, el núcleo duro de CDC comenzó a planificar jurídicamente el cambio de denominación el verano pasado, cuando la Guardia Civil irrumpió en la sede de la calle Còrsega y en la Fundación CatDem para investigar el supuesto cobro de comisiones del 3% en la adjudicación de obra pública. Los asesores del partido pusieron de manifiesto la conveniencia de iniciar un proceso de liquidación para frenar los embargos, las responsabilidades civiles subsidiarias que podrían venir derivadas de casos de supuesta corrupción que afectan a CDC, como Pretoria, Torredembarra y especialmente, el caso Palau. Como se sabe, Convergència tiene embargadas 15 sedes por orden judicial.

Una estrategia cuidadosamente diseñada

A nivel fiscal, el nuevo partido, es decir, PDC , actuaría de cortafuegos para evitar la acumulación de más deudas, condenas y cargas atribuidas a CDC. De esta forma, el aparato convergente decidió en septiembre del año pasado iniciar la hoja de ruta hacia una nueva marca.

Actualmente, un equipo financiero designado por CDC es el encargado de finiquitar el partido. Está formado por Jacint Borràs (padre de la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs), Roser Olóndriz y Carles del Pozo, éste último responsable de finanzas de CDC. Se da la circunstancia de que Del Pozo, secretario de la Fundación CatDem, fue detenido en octubre de 2015 en relación a la supuesta financiación irregular de CDC, aunque posteriormente quedó en libertad.

Sin embargo, esa estratagema no tiene garantizado el resultado al cien por ciento. Expertos en derecho fiscal y administrativo explican a este diario los entresijos de este tipo de operaciones.

-¿Qué dice la normativa? En el ámbito empresarial, el cambio de nombre tras procesos de infracción fiscal o penal “ocurre muy habitualmente” aunque “la normativa, tanto mercantil como fiscal, con buen criterio, intenta limitarlo por la vía de la derivación de responsabilidades a socios, administradores o colaboradores en el fraude”.

-¿Partido liquidado o inactivo? Todo apunta a que, de momento, la antigua CDC no se va a liquidar, sino que va a quedar “inactiva” por lo que "si tiene unas sedes a su nombre --en alquiler o en propiedad, aunque esté embargadas-- lo que puede hacer perfectamente es alquilárselas al nuevo partido".

-¿Qué pasa con el personal? "El personal también se puede traspasar aunque lógicamente la Tesorería de la Seguridad Social va a considerar que hay una subrogación empresarial de cara a antigüedad de empleados, etc.", explican estas fuentes.

-¿Se puede hacer una transmisión de activos? “Sí se puede. Si hay precio, a través de una compraventa, un alquiler o el título jurídico correspondiente. Si no hay precio, vía donación. En ambos casos, los diversos organismos públicos podrán atacar esa operación por alguna vía legal como la derivación de responsabilidad o el levantamiento del velo. Pero a veces es francamente difícil".

-¿Quién asume la deuda? Respecto a la deuda que quede en la antigua CDC “van a responder los que tengan responsabilidad orgánica en los partidos según sus Estatutos, tanto si se disuelve como si continúa inactiva”.