CDC presiona para que dimita la presidenta de TV3

Tres meses han sido más que suficientes para que Convergència haya perdido la confianza de Núria Llorach, colocada a dedo al frente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en sustitución “provisional” de Brauli Duart. Las movilizaciones en TV3 en contra del enjuiciamiento de un trabajador acusado de filtrar datos confidenciales de la plantilla, así como la crisis de los fichajes en Catalunya Ràdio, han obligado a los altos cargos de la Generalitat responsables de la política comunicativa a tomar cartas en el asunto. Según ha podido saber Crónica Global, Llorach ha sido llamada a capítulo porque “no está a la altura”, afirman sus mandos. Llorach, considerada como un correveidile de Duart –impuesto por CDC--, ha suspendido los actos públicos que tenía previstos en los próximos días.

¿Culpable o víctima?

¿Culpable o víctima del pulso mediático entre CDC y ERC? Tal como informó este diario, Catalunya Ràdio, dirigida por Saül Gordillo –nombrado a propuesta de ERC--, ha dejado escapar al Albert Om, quien acaba de fichar por RAC1, harto de esperar una propuesta que nunca llegó. Gordillo llegó a amagar con la dimisión si la CCMA coartaba su proyectos para la próxima temporada. El ente de la radio y la televisión públicas alegó problemas presupuestarios, pero no pasa desapercibido el empeño de CDC en mimar al Grupo Godó, al que pertenece RAC1.

Por otro lado, a Llorach se le ha ido de las manos las movilizaciones convocadas por el comité de empresa de TV3 en defensa de un trabajador demandado por la CCMA por supuesta filtración de datos –fue juzgado el pasado 30 de junio y afronta una pena de siete años de cárcel--. Desde la Consejería de Presidencia, de la que depende la política mediática de la Generalitat, se instó a Llorach a resolver el conflicto. Pero lejos de hacerlo, ha visto cómo los trabajadores acudían a ERC para mediar en el asunto.

Y queda pendiente un informe jurídico sobre su designación a dedo como presidenta de la CCMA, que podría ser ilegal, ya que es obligado que sea el Parlamento catalán el que haga este nombramiento. De hecho, las fuentes consultadas afirman que en Presidencia se estudia actuvar el mecanismo de renovación de los consejeros vía parlamentaria.