La operación Térmyca ha sacudido este martes numerosos puntos de la geografía española, en el marco de una investigación sobre el presunto amaño de contratos públicos. Una operación que ha salpicado de lleno al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil --coordinada por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado-- ha registrado catorce domicilios, siete despachos profesionales, doce sociedades mercantiles, siete entidades públicas y ocho ayuntamientos, con un saldo de doce detenidos.
Entre ellos, se encuentra Josep Manel Bassols, exalcalde de CDC en Anglès (Girona) y exdirector de campaña de Puigdemont en las municipales de 2011. Bassols fue además uno de los detenidos en octubre de 2015 en otra operación de la Guardia Civil, Petrum, por presuntos pagos de comisiones ilegales a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública.
La Guardia Civil investiga contratos otorgados por el Ayuntamiento de Girona durante el mandato de Puigdemont (2011-2016) a la empresa Efial Consultoría, fundada por el economista Toni Martos --otro de los detenidos-- y vinculada al caso 3%.
Desvío del dinero a Andorra
La Benemérita sospecha que la trama para amañar contratos se valía de estructuras paralelas creadas en los consistorios, ayudándose de sociedades ficticias, para desviar el dinero a Andorra a través de "complejas operativas mercantiles".
La operación Térmyca nace a partir de otro caso, bautizado como Turm y que se llevó a cabo en junio de 2014, centrándose en la adjudicación por parte del ayuntamiento tarraconense de Torredembarra de diversos contratos con Efial, la consultora situada en el epicentro de la investigación y que fue absorbida por CGI.
En su momento, estas investigaciones dieron lugar a los registros de la sede de CDC y de la fundación CatDem por las presuntas mordidas cobradas por el partido entonces liderado por Artur Mas.
Ahora, la trama destapada implica a consistorios catalanes (Tortosa, Ascó, Vandellós y l'Ametlla de Mar), madrileños (Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón) y castellano-manchegos (Trillo). Y se investiga a otra decena de ayuntamientos de diversas CCAA que también podrían estar vinculados a la red de amaños.