La Oficina Antifraude será fiscalizada por primera vez por la Sindicatura de Cuentas

La Sindicatura de Cuentas, órgano encargado de fiscalizar las administraciones catalanas, examinará las cuentas de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) por primera vez desde su creación hace ocho años. El caso FernandezGate ha puesto el foco sobre la gestión de esta entidad, actualmente bloqueada debido a la destitución del hasta ahora director, Daniel de Alfonso.

Sin embargo, fuentes de la Sindicatura aseguran que la decisión de incluir a la OAC en la lista de entes públicos no es consecuencia del escándalo de las conversaciones entre De Alfonso y el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández. La Sindicatura, que en 2008 defendió sus competencias frente a una recién constituida OAC, recuerda que tiene marcadas sus prioridades por ley y que el análisis pormenorizado de los contratos, gastos, viajes y demás cuentas de la oficina no se hará de forma inmediata.

El CAC y el Consejo de Garantías

La Sindicatura de Cuentas tiene como prioridad la fiscalización de los órganos estatutarios, es decir, aquellos que menciona el capítulo 5 del Estatuto de Autonomía de 2006. Recientemente se ha auditado el Consejo de Garantías Estatutarias y el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), y en breve tiene previsto analizar por primera vez las cuentas de la Sindicatura de Greuges, otro organismo que, al igual que la OAC, ha llamado la atención mediática debido a los numerosos viajes de sus responsables. También se estudiará la contabilidad de la Comisión Jurídica Asesora, órgano igualmente estatutario, tal como indica el programa de actividades de la Sindicatura para 2016.

Al ser un organismo dependiente del Parlamento catalán, la Oficina Antifraude sí ha sido sometida al control del Interventor de la Cámara catalana, al que rinde cuentas de forma periódica.

A medio plazo

El Estatuto no incluye en el citado apartado a la OAC, pues ésta fue creada por ley, pero según fuentes de la Sindicatura, está previsto que a medio plazo, también las cuentas de esta oficina sean objeto de un informe. No es probable que se incluya en el plan de trabajo de 2017 y, según precisan estas mismas fuentes, la decisión de incluir a la OAC en ese listado es anterior a la filtración de las grabaciones entre Fernández y el recién cesado De Alfonso.

El síndico mayor, Jaume Amat, explicó en la última presentación del informe de la Cuenta general de la Generalitat ante el Pleno del Parlamento Catalán que la Sindicatura dedica aproximadamente el 50% de sus recursos a los informes que le vienen impuestos por mandato legal, especialmente por la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y también por la propia Ley de la Sindicatura.

¿Y quién fiscaliza al fiscalizador? Pues además del Interventor del Parlamento catalán, se ha planteado que las sindicaturas de las comunidades autónomas se fiscalicen entre sí.