Bloqueo en la Oficina Antifraude de Cataluña

La destitución de Daniel de Alfonso, publicada ayer en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, deja la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) prácticamente desmantelada. Cuestionada desde su creación en 2008, el futuro de este organismo encargado de fiscalizar las administraciones catalanas es más incierto que nunca.

Una vez notificada la revocación de De Alfonso a su sustituta provisional, Maite Masià --directora adjunta de la OAC muy criticada por su implicación en caso de las ITV--, las normas internas de la Oficina contemplan el cese de los cargos de confianza de De Alfonso, tres directores (de prevención, de análisis y de investigación) y nueve empleados eventuales entre los que se encuentran jueces y fiscales en excedencia.

Evitar el bloqueo

Fuentes parlamentarias aseguran que la idea es proceder a la renovación inmediata de la OAC precisamente para evitar que esta situación de bloqueo, que se produce a las puertas del verano, se prolongue (solo quedan dos plenos en el Parlamento catalán, que es el encargado de elegir y revocar por mayoría al director de la OAC, antes de que finalice este período de sesiones).

Pero para ello hace falta que CDC y ERC se pongan de acuerdo en el candidato a sustituir a De Alfonso. El relevo irá acompañado previsiblemente de nuevos cargos de confianza, pues al tratarse de un área muy sensible, es lógico que el sustituto o sustituta de De Alfonso quiera formar a su propio equipo.

Reestructuración 

Parece que la continuidad de la OAC, para algunos producto del capricho de ERC durante el Gobierno tripartito, está garantizada, pero en medios presidenciales se ha recuperado la idea, nunca abandonada, de establecer algún tipo de colaboración o semifusión con la Sindicatura de Cuentas, que también se dedica a velar por el rigor de la contabilidad de la Generalitat y sus organismos públicos, así como de los ayuntamientos.

Cuando se creó la OAC, se produjeron denuncias políticas y profesionales sobre la duplicidad de competencias con la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Greuges, la Fiscalía o la administración de Justicia. Por ello, el Gobierno catalán debe plantearse ahora si reestructura esta entidad, protagonista de una tormenta política y mediática tras filtrarse las conversaciones entre De Alfonso y el ministro de Interior, Jorge Fernández.