Solo han transcurrido tres años desde aquella cumbre anticorrupción convocada con gran solemnidad por el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. La reunión fue inmortalizada en una foto que revela hasta qué punto el proceso secesionista ha dejado en la cuneta a casi todos los cargos institucionales que estaban llamados a impulsar las medidas de transparencia y regeneración planteadas por el líder de CDC.

Corría 2013 y, para entonces, Convergència ya estaba inmersa en varios procesos judiciales --caso Palau, trama de las ITV…-- por supuesta corrupción. Urgía cambio de imagen y propósito de enmienda, sobre todo porque de ello dependía el apoyo de ERC al Gobierno de Mas. En ese mandato, el pacto se plasmó en una acuerdo de legislatura que no contempló la entrada de los republicanos en el Gobierno. Por ello, una de las primeras acciones del Gobierno de Mas, tras las elecciones autonómicas de 2012, fue convocar a los representantes de instituciones implicados en la lucha contra la corrupción.

Acudió, como no podía ser de otra manera, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, que acaba de ser cesado por el Parlamento catalán tras destaparse unas conversaciones con el ministro de Interior, Jorge Fernández, en las que supuestamente conspiraba contra las formaciones independentistas. El caso ha sido utilizado por CDC y ERC para exigir la separación de un Estado que, según dicen, utiliza sus “cloacas” para perseguir a determinadas opciones políticas.

Poca celeridad

De esa foto también se ha caído Martín Rodríguez Sol, que entonces era fiscal jefe de Cataluña y que fue cesado por defender el derecho a decidir. Tras pedir una excedencia y hacer sus pinitos políticos con UDC --sin éxito--, Rodríguez Sol se reincorporó al ministerio fiscal. Curiosamente, el fiscal general del Estado que le destituyó, Eduardo Torres-Dulce, presentó su dimisión, entre otros motivos por las presiones que recibió para presentar querella contra Mas y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Asimismo, ha quedado fuera de foco Miguel Ángel Gimeno, quien ostentaba el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Agotado su mandato, Gimeno no ha renovado. Algunas fuentes judiciales aseguran que el Consejo General del Poder Judicial esperaba más celeridad en la tramitación de la querella por el 9N, cuya instrucción ha concluido esta semana. La cumbre contó con la presencia de la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, quien abandonó a su partido, UDC, para entregarse a la causa independentista. De Gispert no le sacó partido a esa conversión, pues Convergència acabó dando de lado a Demócratas de Catalunya, la nueva formación creada por los díscolos democristianos.

Mal 'casting'

El propio Artur Mas, como se sabe, no pudo renovar la presidencia de la Generalitat debido a la presión de la CUP, formación que pidió su cabeza a cambio de dar apoyo a Junts pel Sí (la coalición formada por CDC y ERC). Mantiene, eso sí, las riendas de un partido en proceso de descomposición. Tras el escándalo político protagonizado por De Alfonso, la oposición ha reprochado a Artur Mas su torpeza a la hora de proponer cargos. En efecto, los castings judiciales del líder de CDC se han traducido en sonoros fracasos.

Maite Masià, directora adjunta de la OAC que asumirá las funciones de De Alfonso de forma provisional, aparece en el sumario de las ITV y fue autora de un informe en el que exculpaba a CDC del caso Palau. Asimismo, a principios de año fue destituida la Comisionada de Transparencia de la Generalitat, Núria Bassols, después de que su marido fuera detenido por la Guardia Civil en una investigación sobre el cobro de comisiones del 3%. Asimismo, Núria Olivella, esposa de Oriol Puig --hermano del exconsejero Felip Puig-- duró pocos meses como miembro del gabinete jurídico de la Generalitat.