El Parlamento catalán ha aprobado la destitución del director de la Oficina Antifraude Cataluña, Daniel de Alfonso, por las conversaciones grabadas y filtradas con el ministro de Interior, Jorge Fernández. Se trata de la primera vez que la Cámara catalana destituye a un cargo de confianza nombrado por el propio Parlamento autonómico. La propuesta ha recibido el apoyo de 121 diputados, el voto en contra de 11 y ninguna abstención.

El debate y votación ha tenido lugar tras la lectura de la resolución aprobada en la Comisión de Asuntos Institucionales y firmada por JpS, PSC, CUP, CSQP y Ciudadanos, en la que se reprocha a De Alfonso la vulneración de su deber de reserva y confidencialidad que contempla la ley de la OAC. En su comparecencia, De Alfonso no negó los hechos imputados, algo que refleja el texto consensuado, donde se acusa de negligencia al responsable de la lucha antifraude, designado por el Parlamento catalán en 2011 a propuesta del expresidente Artur Mas.

Airear trapos sucios 

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, considera que “airear trapos sucios en una conversación con el ministro le inhabilita, eso está fuera de discusión”. Ha dicho que el cese es causal “y la causa existe para ser revocado, ha incumplido el deber de reserva y confidencialidad, ha puesto en entredicho la objetividad del órgano que dirige por razones políticas”. El representante de la formación naranja ha acusado a De Alfonso de servir a los objetivos políticos del ministro Fernández.

Carrizosa, sin embargo, ha reprochado a CDC y ERC que aprovechen el caso para sus fines independentistas. También ha criticado la designación de Maite Masià, directora adjunta de la OAC, quien aparece en el sumario del caso ITV, por el que será juzgado Oriol Pujol.

Calumnias insidiosas

Por parte del PSC, su portavoz adjunto, Ferran Pedret, ha abundado en esos servicios de De Alfonso al ministro Fernández. “Lo que está claro es que han caído las máscaras, ya sabemos como actúan ambos cargos en sus respectivas instituciones. Podríamos no haberlo sabido, pero al hacerse público, el propio De Alfonso ha tenido la estrategia del calamar, para extender la suciedad para desviar la atención”. Se ha referido a las supuestas investigaciones sobre el PSC, que ha tildado de “calumnias insidiosas” que han propiciado una querella. Pedret le ha retado a “levantar todas las alfombras”.

El líder parlamentario de CSQP, Lluís Rabell, considera un “escándalo mayúsculo” lo ocurrido e incluso asegura que “habría hecho caer gobiernos”. “Nadie saldrá a salvar al cabo De Alfonso”, ha ironizado respecto a su obediencia al ministro. Rabell ha anunciado que hoy presentará ante la Fiscalía una denuncia por entender que se ha cometido un delito de prevaricación. No obstante, ha defendido la continuidad de la OAC para mantener la lucha contra la corrupción, pero “tenemos que mirar cómo hacemos los castings, cómo hacemos las cosas”.

No a Maite Masià

Por parte del PP, su portavoz, Santi Rodríguez, ha admitido también el escándalo, pero ha hablado de “grabación ilegal de una conversación en el despacho del ministro de Interior, algo que no veo que interese al resto de diputados”. Ha preguntado si solo interesan las reuniones de De Alfonso con Fernández o también las que ha mantenido con otros cargos políticos. Por ello, los populares han pedido la agenda del hasta ahora responsable de la Oficina Antifraude. Rodríguez también rechaza que Masià asuma provisionalmente la dirección de la OAC por su implicación con el caso de las ITV y por ser autora de un informe, presentado en la Comisión de Investigación sobre el expolio del Palau de la Música, en el que exculpaba a CDC de financiación irregular.

"Negligencia grave"

El diputado de la CUP, Benet Salellas, ha explicado que su grupo ha presentado una propuesta para introducir medidas de prevención de lo que ha sucedido en la OAC. Ha echado de menos que los Mossos d'Esquadra, "que tanta celeridad tienen en otras cosas, intervenga, pues ha advertido que no es suficiente con ir a la Fiscalía, pues es un organismo que responde a los intereses del Estado". También ha rechazado que la mano derecha de De Alfonso, Maite Masià, asuma el control de la Oficina.

Marta Rovira ha intervenido en representación de Junts pel Sí, también considera que hay causa para revocar a De Alfonso por "negligencia grave" por "desviación de poder, pues ha hizo un uso partidista de la institución, persiguiendo determinadas posiciones políticas". Ha recordado que el director de la OAC ha reconocido el contenido de las conversaciones, donde "da prioridad determinadas investigaciones, atendiendo a criterios subjetivos y no objetivos". Ha precisado que "no estamos haciendo un juicio penal, no valoramos si las grabaciones ilegales, pero seguiremos analizando si se ha cometido un delito". Rovira ha afirmado que la OAC será reforzada y regenerada, pero "el problema es un ministro y un presidente español que utiliza una Oficina Antifraude para hacer corrupción política". Por ello ha invocado la necesidad de un Estado propio.

La dirigente republicana ha reprochado a PSC y Ciudadanos que hayan impedido que comparezca Jorge Fernández en el Congreso para dar explicaciones sobre este caso, algo que ha indignado a los aludidos, que han alegado la imposibilidad legal de pedirlo en estos momentos.