La Sagrada Familia de Barcelona se acabará de construir en 2026. El arquitecto director de la basílica, Josep Faulí, ejecuta un plan de trabajo con este horizonte que topará antes de la fecha con un problema que no es precisamente menor y que implica al Gobierno municipal: se acabará el espacio disponible para el templo y la urbanización de su entorno. Se debe ejecutar una operación urbanística para evitarlo, aunque para el equipo liderado por Ada Colau no se trata de una prioridad de la legislatura y la ha olvidado en un cajón.

“Eso complica el final de la obra”, indican fuentes implicadas directamente con el proyecto estrella del modernismo catalán. Antoni Gaudí diseñó un espacio verde adyacente a la basílica con una gran escalinata que conduciría al acceso principal del templo, la fachada de la Gloria que está en construcción.

Construcción fuera del plan general

Pero donde deberían estar los escalones se encuentran desde 1976 varios edificios de viviendas, locales comerciales, despachos y plazas de parking que construyó Núñez y Navarro con permiso municipal. El alcalde franquista del momento, Joaquín Viola, autorizó la iniciativa a pesar de que contradecía el plan urbanístico de Barcelona que había aprobado poco antes. Una anomalía que 40 años más tarde se paga cara.

El proyecto previsto desde hace años para remediarlo incluye expropiar el edificio y reubicar a los vecinos afectados en otro inmueble que se debe construir en la zona. Solo existe un solar disponible que permitiría que la operación llegar a buen puerto, uno que es propiedad de Aguas de Barcelona (Agbar) ubicado entre los números 424 y 432 de la calle Mallorca, muy cerca de los edificios que deberían ir al suelo.

Acuerdo para reservar el solar

No se trata de una reserva de espacio al uso, pero el último equipo socialista que gobernó Barcelona, el de Jordi Hereu, firmó un acuerdo con la compañía para asegurarse de que no comercializaría el solar a la espera de conseguir los fondos necesarios para pagar la expropiación. Su sucesor, Xavier Trias, promovió el diálogo entre el Arzobispado, el Patronato de la Sagrada Familia y Agbar para que compraran el solar y ejecutaran la permuta de las viviendas con el apoyo municipal para la expropiación.

Todo ello se paró hace un año, cuando BComú llegó al poder en el consistorio. La última vez que el Ejecutivo de Colau se pronunció sobre la urbanización del entorno de Sagrada Familia fue en noviembre y a raíz de una pregunta del PP en una comisión de urbanismo. La teniente de alcalde responsable del ámbito, Janet Sanz, apostó por retomar “el espacio participativo iniciado en el mandato anterior” para discutir con los vecinos, comerciantes y asociaciones del barrio cómo se debe culminar el proyecto.

Debate pendiente

“No compartimos algunos criterios, como el de dar por sentado que en la urbanización se debe hacer la gran escalera sobre la calle Mallorca”, manifestó en ese momento. Ese es el debate que se mantiene desde hace años, la necesidad, o no, de respetar el diseño arquitectónico de Gaudí y construir un acceso casi museístico al templo y si se deben movilizar recursos públicos par ello.

Sanz puso la cuestión sobre la mesa, pero en los últimos siete meses no se ha hablado de nuevo del tema ni se ha convocado la mesa de diálogo.

El calendario juega en contra

BComú prefiere destinar los recursos municipales a otros fines, aunque con los 10 años que quedan para acabar la obra y lo que se tardaría en construir un nuevo edificio de viviendas, la decisión de expropiar se debería tomar sin más demora, indican los mismos interlocutores implicados en el proyecto. Alertan de que, si se espera a una nueva legislatura, el proyecto tal y como lo planteó Gaudí está condenado.

El calendario no es el único elemento que juega en contra del retraso de la decisión. El acuerdo que alcanzó en su día el PSC y Agbar ha caducado, por lo que incluso se podría perder el solar en el que se esperaba realojar a los vecinos.

La Sagrada Familia se acabará de construir en 2026, pero no está claro cuál será la imagen final de la basílica por problemas más políticos que arquitectónicos.