El director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, lanza un mensaje de optimismo en relación a la lucha contra la corrupción política. “Estamos en el camino de estar mejor que nunca”, ha asegurado en una entrevista para Crónica Global.

“Si esa corrupción existía y no se sabía, estábamos igual de mal que sabiéndose. No podemos decir que se está mejor si escondemos la cabeza como el avestruz. Estamos igual de mal se sepa o no se sepa. Por tanto, si ahora se sabe y se está persiguiendo, sí o sí tenemos que estar mejor que habiendo corrupción y no haciendo nada contra ella. Estamos mucho mejor”, insiste.

Efecto disuasorio

De Alfonso se ha mostrado convencido de que “a la larga, condena a condena y persecución tras persecución, tiene que haber un efecto disuasorio por fuerza”, aunque ha reconocido que “todavía estamos un poco lejos de ver los resultados”.

No obstante, cree que esa evolución se demuestra en los cambios de tendencia electoral. “Ya no hay mayorías absolutas. La gente está cambiando. La gente ya no está indiferente ante las cosas. Ni tan siquiera indignada. Se siente tan impotente que cambia los votos a otros grupos políticos. A nivel ciudadano, eso pasa factura”, ha explicado.

Y ha subrayado que, a pesar de la grave crisis económica, las encuestas sitúan la corrupción como la segunda preocupación de los españoles: “Paro, corrupción, crisis; por ese orden”.

'Caso Pujol'

Respecto a los casos que afectan a la familia Pujol, ha recordado que algunas informaciones fueron investigadas por la OAC y remitidas a la Fiscalía.

Sin embargo, distingue entre las acusaciones dirigidas al expresidente Jordi Pujol --que en su opinión ve “difícil una condena” porque no ve factible demostrar el origen ilegal de su fortuna-- y las relativas a sus hijos, algunos de los cuales lo tienen más complicado.

Enriquecimiento ilícito

En esta línea, De Alfonso defiende la introducción en la legislación española del delito de “enriquecimiento ilícito de una persona pública”, que no existe actualmente y que considera que es una demanda generalizada de los ciudadanos.

Este tipo penal sería muy efectivo: aquella persona pública que no pudiese justificar un incremento exagerado de su patrimonio podría ser condenada con cierta rapidez. Todo ello, de forma independiente a las investigaciones sobre posibles delitos de blanqueo, cohecho o tráfico de influencias, por ejemplo, que se desarrollen en paralelo, y que suelen ser muy lentas y complicadas --especialmente si implican a países extranjeros--.

De igual forma, habría que flexibilizar la legislación para que las agencias públicas fiscalizadoras puedan acceder con mayor libertad a los listados de donantes a los partidos. Eso permitiría perseguir con mayor eficacia la financiación ilegal de las formaciones políticas.

'Caso ATLL'

Sobre la chapucera adjudicación de ATLL a Acciona, analizada por la OAC, De Alfonso explica que hay motivos para anular el contrato, algo que el Gobierno catalán no ha hecho, limitándose a imponer una multa de cuatro millones de euros.

“Había materia suficiente para resolver el contrato, pero eso no nos corresponde a nosotros. Lo que haga la consejería de la Generalitat encargada, ya no nos compete. Y lo tendré que bendecir”, explica. Pero “mi opinión personal es que si no se resuelve el contrato y si el Tribunal Supremo dictamina antes de fin de año que hubo una mala licitación, eso le puede costar muy caro a la Generalitat”. Unos 1.300 millones, dado que la adjudicación generó unos derechos para Acciona.

En cambio, si se anulara ahora “el coste sería cero. Resolver el contrato ahora por causas imputables a la empresa no tiene un coste, porque sería por culpa suya”.

Acciona es perfectamente consciente de ello, porque tuvo un caso similar con el Ayuntamiento de Alcobendas que resolvió con el pago de lucro cesante a Acciona y a Cespa, la empresa que recurrió el contrato.

Respecto al informe que Acciona encargó a modo de contraataque, Daniel de Alfonso ironiza. “Es un honor que KPMG hiciera ese informe”, que califica de “bonito reportaje y que logramos desmontar”.

El “éxito” de la OAC

Finalmente, De Alfonso ha considerado “un éxito” que la OAC haya sobrevivido entre tanta convulsión política, y ha destacado el trabajo llevado a cabo “sin dar espectáculo, sin generar críticas ni alarmas”.

El año pasado, esta institución logró que el 99% de los ayuntamientos respondieran a sus requerimientos, y actuó sobre licitaciones que suman unos 200 millones. “No es el beneficio recuperado, pero si logramos anular de oficio la contratación, hemos logrado que se administre bien”, concluye.