Las arcas públicas catalanas están vacías, según reitera la Generalitat. Pero todo indica que la euforia demostrada por el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, en la presentación de los presupuestos para 2016 comienza a dar resultados.
La Consejería de Justicia, cuyo titular es Carles Mundó --fue propuesto por ERC-- acaba de contratar a dedo a dos asesoras que cobrarán cada una 60.400 euros al año. Se trata de personal eventual para cargos de confianza. Fuentes del citado departamento han subrayado a Crónica Global el perfil “técnico y profesional” de ambas contratadas.
Así, Sònia Navarrete ocupará el cargo de asesora de planificación estratégica en la Consejería de Justicia. Entre sus cometidos figura hacer propuestas de mejora de los servicios de cara al ciudadano, y colaborar en la planificación, análisis y coordinación de las políticas del departamento.
Doce años en Catalunya Caixa
Diplomada en Ciencias Empresariales y Máster en Marketing, Navarrete ha trabajado durante doce años en Catalunya Caixa como product manager y en el área comercial. También ha sido consultora independiente durante cuatro años.
Por su parte, Ana Rubio ha sido contratada como experta en formación, tecnologías de la información y comunicación interna. Licenciada en Comunicación Audiovisual, experta en e-learning y responsable de innovación en el Instituto de Formación Continua de la Universitat de Barcelona (UB).
Rubio tutelará la formulación de nuevos programas formativos en la consejería, donde además asesorará internamente respecto a las estrategias comunicativas que permitan divulgar las tareas y acontecimientos desarrollados por los diferentes órganos de Justicia.
La Consejería de Justicia es uno de los departamentos de la Generalitat que menos incremento de presupuesto registra en las cuentas presentadas el martes por Junqueras, en concreto un 4,1%, que dista mucho del 48% correspondiente a la nueva Consejería de Asuntos Exteriores. Según ha declarado recientemente el consejero Mundó, el Gobierno español "asfixia a Cataluña". Incluso sostiene que el Estado "ha intervenido por la puerta de atrás" la comunidad autónoma.