El presupuesto de la Generalitat de Cataluña que Oriol Junqueras, vicepresidente económico, presentó este martes en el Parlamento no está preparado para lidiar con la guerra del agua. Las cuentas catalanas no incluyen contingencias para hacer frente a los 326 millones de euros que el predecesor del líder de ERC en la consejería, Andreu Mas-Colell, calculó que debería recibir Acciona, como mínimo, si pierde el control de Aigües Ter Llobregat (ATLL).
El fondo de contingencia de la Administración catalana se refuerza en 42 millones en el proyecto legislativo, hasta alcanzar los 240 millones. El problema es que esa cantidad está consignada para hacer frente a un posible retorno de la paga extra que se debe a los trabajadores de la Generalitat catalana desde 2012.
Recursos desconocidos
¿Cómo actuaría el Ejecutivo si el Tribunal Supremo ratifica al TSJC y anula la concesión? “De la mejor manera posible”, indicó Junqueras. Ante esta tesitura optaría por movilizar “otras infraestructuras más allá del fondo de contingencia” para obtener recursos. Aunque no detalló de dónde vendría esta inyección económica.
El escenario más plausible, y el preferido por ERC, es que el servicio fuera de nuevo de titularidad pública, por lo que como mínimo se debería devolver a la multinacional liderada por la familia Entrecanales el canon que se ha abonado hasta la fecha y los presupuestos de inversiones ejecutadas.
Causas judiciales
La Oficina Antifraude de Cataluña, en un informe avanzado por Crónica Global, alertó de irregularidades graves en la gestión de la compañía que propiciarían la anulación del contrato sin tener que pagar indemnización, pero esta cuestión aún está en los tribunales. De hecho, Fiscalía aún ratifica la facturación cruzada que identificó la institución liderada por Daniel de Algonso que habrían derivado 13 millones a las cuentas de la cotizada.
Por lo que se espera que la sentencia del Supremo sobre la pulcritud de la adjudicación llegue antes que la resolución de esta causa.