La Fiscalía Anticorrupción pretende la imputación del diputado autonómico y número uno del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, acusado de participar en la concesión de subvenciones presuntamente irregulares a la comunidad de regantes de las marismas del Guadalquivir, que salpica a tres consejeros delegados de la constructora Befesa, antigua filial de Abengoa.

El juez de instrucción número 16 de Sevilla investiga la concesión irregular por parte de la Junta de Andalucía de diversas subvenciones para la reforma de la red de regadíos del cauce del rio Guadalquivir. Se trata de subvenciones que superan los 40 millones de euros, otorgadas entre 2005 y 2008.

21 imputados

El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y con el apoyo de la unidades especiales de la Guardia Civil de Sevilla, ha imputado ya a 21 personas, entre las que se encuentran tres directores generales de regadío de la junta.

La mayoría de estas construcciones en el cauce del Guadalquivir no llegarona realizarse o han resultado inútiles aunque el dinero, canalizado por la junta rectora de la comunidad de regantes, llegó a las constructoras adjudicatarias.

Apuntan a la cúpula del PSA

El juez y el fiscal han tomado declaración en calidad de testigo a la exdirectora general de Regadío, Mar Remón. Las revelaciones de esta testigo sobre su antecesor en el cargo, el diputado socialista en el parlamento andaluz José Luis Sánchez Teruel han llevado a Anticorrupción a plantearse decididamente la imputación de quien, además también ostenta el cargo de secretario general del PSOE-A en Almería.

Informe lapidario de la Guardia Civil

El juez deberá trasladar la parte que competa a las incriminaciones penales de las que resulte objeto Sánchez Teruel a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dada su condición de aforado.

Un detallado informe de la unidad de delitos económicos y de la Guardia civil, que obra en poder del juez y de Anticorrupción, afirma en relación a Sánchez Teruel que “no nos queda la menor duda de que presiona a la junta de gobierno de la comunidad de regantes y funcionarios adscritos a su dirección general con el único objetivo de conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para la UTE Riegos Marisma Befesa”.

Investigación en marcha

El juez ha imputado en esta causa a la practica totalidad de la junta rectora de la comunidad de regantes del Guadalquivir, a tres directores generales de la junta, a tres consejeros delegados de Befesa-Abengoa, a directores de obra y a un grupo de ingenieros vinculados a la constructora sevillana.

El fiscal les acusa de unos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda pública.