Los 14.000 supervivientes de la tragedia, 35 años después, se sienten abandonados

El balance, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo estremecedor. En dolor y en dinero. El mayor caso de envenenamiento masivo y más grave de salud pública registrado en la historia de España, afloró en mayo de 1981 y, bautizado como Síndrome Tóxico, se atribuyó al consumo de aceite de colza desnaturalizado que se vendía sin control sanitario.

Quebró el futuro de 20.046 personas. Un total de 5.553 han fallecido y el resto sobrevive con secuelas para siempre, tremendos dolores y pocas alternativas para mantener una vida digna.

Los datos oficiales también cuantifican el gasto en indemnizaciones por parte del Estado, que fue declarado responsable civil subsidiario, en 2.374 millones de euros. Sin contar el coste de la atención sanitaria. En los últimos Presupuestos Generales del Ejecutivo de Rajoy se contempla para este año una partida de 26,59 millones, 5,66 más que en el ejercicio de 2015.

Seguir viviendo

Los afectados, especialmente en estas fechas cuando se cumple un nuevo aniversario, protagonizan encierros para reiterar sus reivindicaciones y denunciar la falta de investigación y atención sanitaria. En la práctica, se reduce a una unidad especial en el madrileño hospital 12 de Octubre, donde la doctora María Antonia Nogales atiende como puede a unos 500 pacientes al año.

“Ya no hay investigación científica sobre nuestro daño. Ni siquiera se estudia en las facultades de medicina”, exclaman los supervivientes, agrupados bajo una plataforma bautizada dramáticamente como Seguimos viviendo.

Ignorados por los partidos

La plataforma denuncia el silencio de los medios y de la Administración; al menos, de una parte. Incluso estando en campaña electoral, los partidos han ignorado su petición para reunirse con ellos y explicarles la situación. Piden la creación de un organismo que les agilice las soluciones médicas y sociales en todos los territorios.

También piden que todos acaben de cobrar las indemnizaciones prometidas y fijadas por el Tribunal Supremo, que oscilan entre los 90.151 euros para los herederos de los fallecidos y los 300.000 euros para quienes sufren incapacidades graves.

Los supervivientes reclaman más ayudas, ya que solo las tienen quienes habían cotizado a la Seguridad Social en el momento de enfermar, muy pocos porque la mayoría de los afectados fueron mujeres y niños. Y de clase trabajadora, como se decía entonces. Mayoritamente vivían en la zona centro de España.

Misterio sin resolver

“El agente causal sigue siendo un misterio sin resolver”, asegura rotundo Sebastián Moreno, periodista de Cambio 16, revista demandada, en 1984,  por apuntar a un producto farmacéutico, en lugar del aceite. También se habló de tomates tratados con un pesticida, incluso de un gas escapado de la entonces base militar estadounidense de Torrejón de Ardoz.

Moreno investigó a fondo la extraña epidemia  y cubrió el macrojuicio, que mandó a prisión a 6 de los 40 procesados. Kafka en la Casa de Campo, tituló su magistral reportaje en el que el 30 de marzo de 1987 daba cuenta de un juicio sin parangón en los anales de la justicia española: 250.000 folios, repartidos en 662 tomos, 2.500 testigos, 38 abogados defensores y otros tantos acusadores, 208 peritos españoles y 42 extranjeros...

Como en muchos de los pasajes del insigne escritor checo, el misterio lo cubre todo. Un macrojuicio y cientos de estudios. Y nada. Pero siempre en una dirección: el aceite es el presunto culpable, después de descartada la acelerada y célebre teoría del «bichito que se cae al suelo y se mata», obra de Jesús Sancho Rof,  exótico ministro de Sanidad de UCD cuando apareció el misterioso síndrome tóxico. El caso de la colza fue el gran tabú de la transición española.