El lobby encubierto del PP de Madrid en la contratación de discapacitados

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está en el punto de mira por haber adjudicado cuatro convenios a empresas privadas de colocación sin justificar el motivo de su decisión y haciendo caso omiso a los criterios de puntuación y valoración que regían el acuerdo marco que fijaba un total de 81 posibles agencias acreditadas a nivel nacional.

La partida presupuestaria, de 7,5 millones de euros y destinada a insertar en el mundo laboral a distintos colectivos vulnerables --empleados discapacitados, gente con ingresos inferiores a la renta mínima, menores de 30 años y parados de larga duración-- ha recaído a cuatro empresas que, según ha podido saber Crónica Global, anteriormente ya habían mantenido relaciones contractuales con el Partido Popular.

Desde la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC) explican que es un “evidente” caso de favoritismo: “Hay trato de favor, evidentemente. Hasta que no se nos presente un informe motivado de por qué se han invitado a 11 y no a todas las posibles”, relata la presidenta de la entidad, Yojana Pavón.

11 empresas invitadas

Las 11 empresas invitadas fueron Cocemfe, Fundación Adecco, Fundación Randstad, Fundación Tomillo, San Martín de Torres, Asociación Cultural La Kalle, Eulen Flexiplan, la Asociación Salesiana de Tecnología e Innovación, Manpower, Adecco TT, Randstad Empleo.

De estas, “hay dos empresas que además se les invita por la vía de la fundación. Casualmente, empresas potentes a nivel nacional pero sin ninguna especialización diferenciadora ni en la Comunidad de Madrid ni en la experiencia con estos colectivos, frente a otras que no se invitaron y en cambio fueron mejor puntuadas en el Acuerdo Marco”, explica la diputada de la Asamblea por C’s, Dolores González Pastor, quien ha llevado el asunto ante el pleno del Parlamento madrileño, en referencia a Adecco y Ranstad.

Lobby encubierto

Otro aspecto de la lista de las 11 agencias que llama la atención es que, por ejemplo, la administración pública invitó a la cuarta mejor puntuada a nivel nacional --Eulen Flexiplan-- a concurrir al concurso, pero prescindieron de las tres primeras (que eran UTE Formación Vértice; Máster Cum Laude y Fundación DFA). Asimismo, se invitó a Manpower que ocupaba la cuarta posición por la cola. Todo ello, como ha denunciado el informe jurídico hecho por la Abogacía General del Gobierno, sin que fuera motivado como exige la ley de contratos del sector público.

La mayoría de empresas seleccionadas ya participaron en el convenio estatal cuando la consejera Engracia Hidalgo era secretaria de Estado de Empleo con Fátima Báñez. “Lo que ha sucedido es que se ha invitado aquellas agencias de colocación que ya habían hecho un acuerdo con la consejería previamente”, explica Pavón.

Una tesis a la que se suma González Pastor cuando asegura que “se han excluido empresas que estaban en el top, que tenían sede en Madrid y cumplían todos los requisitos. Y, en cambio, invitan a empresas con las que ya mantuvieron relaciones a nivel estatal”. “Hay un lobby encubierto y opaco”, resuelve González Pastor.

Contra la igualdad de oportunidades

La ley de contratos del sector público, que cambió con el Ejecutivo popular en enero de 2014, permite invitar a un mínimo de invitados en función de que el contrato asignado no supere una cantidad determinada (en torno a los 50 millones de euros).

Puesto que la partida presupuestaria asignada --de 7,5 millones-- es inferior, no había la obligación de convocar un concurso público. En este sentido, no se ha procedido a ninguna ilegalidad, pero sí que desde ANAC consideran que es una práctica “opaca” y exigen que, en este tipo de licitaciones con contrato sin publicidad, “haya una motivación al respecto de por qué unas sí y otras no”.

“En vez de abrirlo a la libre competencia sobre una base de 81 agencias de colocación que podrían haber cumplido los requisitos del acuerdo marco a nivel nacional, lo han hecho con prisas y de forma opaca, pese a la salvedad señalada incluso por los servicios jurídicos de la Administración Regional”, añade González Pastor. 

Una licitación plagada de incidencias

La licitación estuvo plagada de incidencias y en cuestión de dos semanas la Consejería de Economía tuvo que cambiar hasta tres veces los pliegos y memorias asociadas para ajustarse al informe jurídico que estipulaba que ya existía una lista de agencias pre-seleccionadas según puntuación y que no procedía crear criterios adicionales.

Aun así el PP incluyo criterios adicionales que les sirvió de excusa para que sus empresas invitadas cumplieran todos los requisitos, dejando fuera otras empresas que también cumplían los requisitos sin justificar adecuadamente tal exclusión.

El artículo 198.4 del texto de la ley de contratos del sector público permite que la administración seleccione a tres empresas pero, para hacerlo, se debe justificar y exponer el criterio de la elección. “No hemos encontrado esta justificación, y el informe jurídico lo pedía”, explican las partes afectadas.

El PP lo atribuye a la “prisa”

El PP, por su parte, ha alegado que fue fruto de la “prisa” que se tuvo que adjudicar las prestaciones en un tiempo límite de tiempo. Y también afirma que ninguna de las empresas no adjudicatarias se quejó en su momento. Desde la ANAC aseguran que se enteraron de la resolución de estos contratos cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

“Cuando desde la propia asociación te enteras cuando ya se han firmado los contratos y está saliendo el anuncio de adjudicación, no hay posibilidad de que nadie recurra”, añade.

Ahora es ya tarde para enmendar el embrollo generado por la administración. Pero, desde las partes implicadas, piden que la licitación para el próximo año se base en un procedimiento transparente en el que se considere a las empresas por su puntuación y experiencia en el campo, y no por las relaciones contractuales previas.