Del Estatut a la pobreza energética: el TC descoloca de nuevo a los partidos catalanes

Corría 2010 cuando la foto del expresidente José Montilla rodeado de banderas independentistas en una manifestación en favor del Estatuto catalán hizo correr ríos de tinta. El motivo fue la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de recortar el texto estatutario, en respuesta a un recurso del Partido Popular.

Seis años después, la crónica política deja una nueva imagen, la de una cumbre en favor de los derechos sociales en la que han participado el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, los alcaldes de las principales ciudades metropolitanas gobernadas por el PSC, representantes de los principales grupos parlamentarios, así como entidades municipalistas, sociales y sindicales. El motivo es otro recurso del PP --en este caso desde el Gobierno-- ante el TC, contra la ley sobre medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

El origen del independentismo

Si en 2010, el motivo de la movilización fue identitario y culminó con la derrota del gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV) en las urnas a favor del neoindependentista Artur Mas, en esta ocasión, el debate político se ha trasladado al eje social y se produce en el arranque de la precampaña de las elecciones generales del 26 de junio.

Los secesionistas llegan desfondados a estos comicios y sabedores de que los nuevos tiempos, tanto a nivel catalán como en el ámbito español, exigen respuestas menos rupturistas y más sociales. De ahí el éxito de convocatoria de la cumbre celebrada ayer en el Palau de la Generalitat. Ningún partido político quiere quedar al margen de esas reivindicaciones, pero el desconcierto sobre la estrategia a seguir en las próximas semanas es evidente. El mejor ejemplo de ello es la presencia en la cumbre de Ciudadanos y del PP, a pesar de los visos de frente "anti-Madrid" que tenía el acto.

Refundaciones

A los socialistas catalanes siempre les ha pasado factura arrimarse a CDC, pero en este caso, la aproximación tiene una buena causa no identitaria que les permite marcar perfil socialdemócrata. El mismo que los convergentes parecen exhibir ahora por la presión de su militancia y por la necesidad de refundarse en no se sabe exactamente qué. Sin embargo, ese giro ideológico, que tendrá que ser refrendado en un congreso, no ha sido suficiente para convencer a ERC --con la que gobierna en la Generalitat-- de la necesidad de formar una lista conjunta para el 26J.

Los republicanos no quieren actuar de salvavidas electoral de Convergència, que cae en barrena en las encuestas. Ambas formaciones han firmado un pacto implícito de no agresión y, en el caso de ERC, el objetivo será hacerse con el espacio que deja el CUP --que no se presenta a las generales-- y de En Comú Podem, partido que podría volver a arrasar en Cataluña en los futuros comicios.

De nuevo, el eje social sobre el secesionista. Sin demasiada beligerancia, pues los republicanos están sentando las bases para una posible gran coalición, ante la posibilidad de que el Gobierno de Puigdemont acabe como el rosario de la aurora.

La equidistancia de C's

Ciudadanos, por su parte, quiere ocupar el espacio central que deja CDC, por lo que está obligada a soltar lastre de sus discursos pasionales del pasado en contra de la inmersión lingüística y de determinadas "estructuras de Estado". Precisamente ayer, la formación naranja dijo estar dispuesta a retirar el recurso contra la ley catalana de medidas urgentes si logra gobernar tras el 26J. ¿Con el PP?

Tras su fracasado acuerdo de investidura con el PSOE, C's no puede descartar un acuerdo con el PP, que sí está empeñado en utilizar el tema territorial como arma electoral. Una apuesta que aplaude, aunque no con entusiasmo, el PP catalán, que corre el riesgo de quedar reducido a un partido marginal.