El exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa ha apuntado al PP nacional como el encargado de consolidar las cuentas territoriales y de administrar las campañas electorales.

Además, ha pedido que el presidente del PP, Mariano Rajoy, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal, declaren en el juicio por la financiación ilegal de las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, con cerca de 3,5 millones.

En el escrito de defensa, el antiguo diputado autonómico solicita también los interrogatorios del extesorero Luis Bárcenas, el exgerente Cristobal Páez, la gerente nacional Carmen Navarro, el exdelegado de Gobierno Serafín Castellano, el exvicepresidente de la Generalitat Victor Campos, el presidente del PP de Valencia Vicente Betoret y el exconsejero de Justicia Fernando de Rosa, entre otros.

Costa rechaza su responsabilidad

Costa reclama su absolución a la Audiencia Nacional, al defender que nunca ha tenido ninguna responsabilidad en la "gestión ordinaria de la tesorería" de la formación, ni en las elecciones municipales ni autonómicas, así como tampoco tuvo delegadas funciones económicas dentro del partido.

"Los gerentes del partido dependen de la secretaría general del PP nacional al igual que todos los funcionarios del partido, siendo el PP nacional quien se encarga de su contratación y dependen orgánicamente de la gerencia nacional", señala, para incidir en que fue el partido a nivel nacional el encargado de administrar y coordinar las campañas de 2007 y 2008.

Una única contabilidad

"Ricardo Costa en estas elecciones ni autorizó pagos ni contrató ningún tipo de medio o soporte para el desarrollo de actos electorales, ya que ni era su función ni podía llevarla a cabo", insiste, para añadir que la ausencia de responsabilidades económicas por su parte queda acreditada en las declaraciones de dirigentes como Cospedal, Bárcenas y Páez en distintos procedimientos.

Dicho esto, la defensa de Costa expone que el PP de la Comunidad Valenciana no tenía una contabilidad independiente, sino una "consolidada" a nivel nacional. De esta forma, una vez efectuados los asientos contables de la organización territorial, las cuentas se remitían a Madrid para su consolidación, en atención a la "estructura única del partido, con un único CIF, para todo el Estado".

La relación con Orange Market

Finalmente, pone de relieve que la empresa de la trama Gürtel, Orange Market, mantenía contratos con el PPCV desde 2002, es decir, cinco años antes de su llegada a la vicesecretaría general. Por todo ello, Costa niega haber cometido delitos electorales ni falsedad en documento mercantil.

Costa insta al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata a reclamar a Génova el certificado acreditativo de gerencia nacional en el que conste información sobre los pagos y quién nombra a los gerentes de las estructuras territoriales, qué funciones y dependencia tienen éstos.

Una veintena de acusados

Costa se encuentra entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en los próximos meses por financiar de forma ilegal el PPCV entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Además del ex ecretario general del PP en la Comunidad Valenciana también están acusados el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes. Además, se acusa a cinco exaltos cargos de la formación política, entre ellos Vicente Rambla, así como a diversos empresarios sospechosos de financiar de forma irregular al partido, como el exconsejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.