El Govern triplica los ingresos por multas lingüísticas a empresas

El Gobierno catalán no solo ha mantenido, sino que ha aumentado las multas lingüísticas por no rotular en catalán. En 2015, la Generalitat sancionó a 68 empresas frente a las 57 del año anterior. Se da la circunstancia de que, de esas 68 entidades, 21 tienen su sede social fuera de Cataluña.

Este incremento sancionador ha triplicado los ingresos, que han pasado de los 51.350 euros recaudados por este concepto en 2014 a los 140.000 euros del año pasado.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PP, María José García Cuevas, el consejero de Empresa, Jordi Baiget, explica que el Código de Consumo de Cataluña establece que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán la información de carácter fijo (rótulos exteriores e interiores) y contempla como infracción el incumplimiento de las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa.

Expedientes de oficio

A fecha 6 de abril de 2016, había un total de 89 empresas con expedientes sancionadores en trámite por vulneración de los derechos lingüísticos, de las que 43 corresponden a denuncias de particulares y diez, a empresas. El resto son expedientes abiertos de oficio por la Agencia Catalana de Consumo.

La diputada popular ha denunciado “la presión política” a la que la Generalitat somete a comerciantes, autónomos, pimes y empresas que ven cómo se les impone el uso de una de las lenguas oficiales en Cataluña, “lo que vulnerara los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

Proposición del PP 

Por este motivo, García Cuevas ha anunciado que el PPC registrará una proposición de ley en el Parlament para la supresión del régimen lingüístico del Código de Consumo de Cataluña. En concreto, el texto pedirá que se paralicen los expedientes sancionadores que estén en marcha “para que queden sin efecto y directamente archivados” y que se devuelva con carácter retroactivo el importe de las sanciones a los multados, junto al interés legal que corresponda.