Después de tres meses de parálisis, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice estar dispuesto a poner el acelerador. Nadie le cree, incluida la CUP. Con motivo de los cien días de gobierno, quien fue elegido a dedo por Artur Mas para gobernar durante año y medio y sentar las bases de la independencia de Cataluña, ha presentado hoy en rueda de prensa el Plan de Gobierno para la XI legislatura, aprobado por el Consell Executiu, que contempla 20 ámbitos de actuación, 750 medidas ejecutivas y la aprobación de 45 leyes. Una tarea ingente, si se tiene en cuenta que esta legislatura debe durar 18 meses, han transcurrido ya tres y todavía no se ha aprobado ninguna ley. Esta repentina hiperactividad legal tiene como objetivo colocar a Cataluña a “las puertas del Estado propio”.
Lucha contra la pobreza
Asegura que la lucha contra la pobreza "será uno de los pilares" del plan y que "nadie se quedará sin luz, agua, gas ni casa por culpa del Tribunal Constitucional", en alusión a la sentencia que ha suspendido el decreto catalán sobre pobreza energética.
En vísperas de su reunión con Mariano Rajoy, el líder independentista ha dicho que abordará cuatro puntos esenciales: la relación de Cataluña con el resto de España, los derechos básicos de los ciudadanos, los incumplimientos del Estado y la judicialización de la política.
Puigdemont se ha quedado solo en la defensa de su plan de gobierno, pues todos los grupos de la oposición, incluso la CUP –que da apoyo a Junts pel Sí--, han cuestionado la gestión realizada hasta ahora por el sucesor de Artur Mas. Mireia Vehí, diputada de la CUP, ha recordado que sentar las bases de ese nuevo Estado supone cumplir el mandato de las urnas del 27S y aunque ha valorado la predisposición a revertir los recortes, ha instado al "president" a desobedecer al Estado. La antisistema ha recordado que su partido discrepa de proyectos como BCN World, echa en falta el desarrollo de medidas contra la corrupción y rechaza la política de seguridad del Govern.
Para el líder de CSQP, Lluís Rabell, la lucha contra la pobreza que defiende Puigdemont "llega tarde" y quiere esperar a que se presenten los nuevos presupuestos de la Generalitat para ver si es cierto ese "giro social" que promete el convergente. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha reprochado a Puigdemont que, en estos cien días, se haya saltado la Constitución, el Estatuto y el reglamento del Parlament, y no haya solucionado los problemas reales de los catalanes.
Para Eva Granados, portavoz del PSC, el gobierno de Puigdemont "es inestable y no es creíble", porque "ha perdido más de 35 votaciones en lo que llevamos de legislatura en el pleno y en comisiones". La socialista ha dicho que esas 45 leyes prometidas necesitarían una legislatura de cuatro años, y no los 15 meses que quedan para agotar el mandato.
El portavoz del PP, Enric Millo, ha acusado al presidente catalán de utilizar el sufrimiento de los catalanes para fomentar el discurso independentista.