Los secretarios de Estado asumirán las responsabilidades del día a día del Ministerio de Industria, pero aún no se sabe qué ministros se harán cargo las atribuciones de José Manuel Soria, quien ha renunciado esta mañana, como titular del departamento.
Esa sustitución es una atribución del presidente del Gobierno, pero aún no lo ha hecho; es una noticia de hoy mismo, ha subrayado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para justificar la tardanza.
No comparecerá
Soria ha asumido sus responsabilidades políticas por lo sucedido y su cargo ha decaído, por lo que no acudirá al Congreso el lunes a dar cuentas, tal como se había comprometido, ha dicho la vicepresidenta. Si ya no es ministro, no tiene que acudir al Congreso.
En ese sentido, Sáenz de Santamaría ha reclamado a la oposición que sea responsable en la cuestión de los Papeles de Panamá una vez Soria ha renunciado a sus cargos públicos y a la actividad política.
Cristóbal Montoro, que ha acompañado a la vicepresidenta en su comparecencia ante la prensa, no ha querido confirmar la sanción de la inspección tributaria a José María Aznar, pero tampoco lo ha desmentido. Ha advertido a los medios de comunicación y a los partidos políticos que no guardar la debida discreción en estos temas puede perjudicar las laborales de la inspección, dando la oportunidad a los evasores a poner sus bienes a resguardo o incluso al alzamiento de bienes.
El ajuste del déficit
El Gobierno propondrá hoy a las comunidades autónomas un recorte de 2.000 millones de euros este año para cumplir los objetivos de déficit, siguiendo así la recomendación de Bruselas para contener el déficit que el año pasado cerró en el 5%, frente al 4,2% comprometido.
Galicia, Canarias y el País Vasco son las únicas autonomías que han cumplido los compromisos, por lo que el resto de las ccaa deben presentar un plan económico y financiero, o sea la variación de sus presupuestos para ajustarse a lo pactado.
El Gobierno ha previsto, según ha informado el ministro de Hacienda, que los recortes no afecten a la Seguridad Social ni al pago de prestaciones por desempleo.