La comisión parlamentaria sobre ATLL empieza con chapuza

Si la adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a la empresa Acciona fue una chapuza, según ha dictaminado los tribunales, la comisión parlamentaria encargada de revertir esa privatización mediante una nueva ley tampoco puede alardear de corrección normativa.

El miércoles arrancó el debate sobre las comparecencias de expertos y cargos relacionados con la polémica en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara autonómica. Este órgano será el encargado de tramitar la modificación de la ley 10/2011 de simplificación y mejora de la regulación normativa con la finalidad de que ATLL vuelva a tener una gestión íntegramente pública. Los trabajos de esta Comisión tienen lugar después de que el Pleno del Parlament diera luz verde a una proposición de ley del PSC.

Vulnerar la normativa

Para sorpresa de los diputados, el presidente de la Comisión, Germà Bel (Junts pel Sí), permitió que se votara dos veces la petición de comparecencia de Joaquim Tornos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, formulada por los socialistas. En la primera, la diputada de la CUP Mireia Boya había votado a favor, lo que le valió el reproche del diputado de JpS, Marc Sanglas, dado que su apoyo decantó el resultado a favor de la presencia del experto en la comisión.

“Esto no es lo que habíamos pactado”, exclamó el representante de la coalición independentista, por lo que la representante antisistema manifestó que su voto sería “no”. Bel permitió votar de nuevo, pese a las quejas del diputado de Jordi Terrades (PSC) y Santi Rodríguez (PP), quienes acusaron al presidente de la comisión de vulnerar la normativa parlamentaria. Visiblemente enojado, como se puede apreciar en el vídeo al que ha tenido acceso Crónica Global, Germà Bel dio por buena la segunda votación y Tornos fue descartado como compareciente.

Recoder y Pinyol

Terrades ha anunciado a este diario que presentará una queja ante la Mesa del Parlament, a la que se sumará el PP.

Lo que no pudo evitar JpS es la comparecencia de Lluís Recoder, ex consejero de Territorio y Sostenibilidad, departamento responsable de la adjudicación de ATLL, ni de Joan Pinyol, director de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona y ex gerente de la Agencia Catalana del Agua, en quien se centran los reproches políticos por uno de los peores fiascos financieros cometidos por la Generalitat.

La lista de peticiones de comparecencia es larga e incluye al director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, dado que esta entidad elaboró un informe, desvelado por este diario, que denuncia importantes irregularidades en la gestión.