A la CUP se le ha acabado la paciencia. Los antisistema no ven claro el compromiso del Govern ni de sus ‘socios’ de Junts pel Sí con el proceso independentista y han decidido elevar la presión sobre ambos para que se impliquen a fondo con la hoja de ruta rupturista acordada. Un plan que prevé la secesión en 16 meses.

El grupo más contestatario de la Cámara pone la directa y desborda al Ejecutivo de Carles Puigdemont y a su entorno, que tanto han insistido en los últimas semanas en relativizar los plazos de la hoja de ruta soberanista. La CUP exige el cumplimiento del compromiso firmado.

Así, este viernes --el mismo día en que el CEO reconocía que los partidos independentistas pierden fuelle-- la CUP ha registrado una moción en el Parlament en la que se insta al Ejecutivo y a la Cámara autonómicos a dar una serie de pasos inmediatos e inequívocos hacia la independencia unilateral de Cataluña.

Desobedecer la suspensión del TC

El texto, firmado por los diputados cupaires Mireia Boya y Joan Garriga, exhorta a “reiterar” que la resolución rupturista del 9 de noviembre mantiene “su vigencia”, y que, “en cumplimiento de la misma”, no se debe “atender el contenido” de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre que la anuló.

Además, insta al Govern a que “elabore y presente en este Parlament en un máximo de 30 días un plan de ejecución de todos y cada uno de los anexos” de la citada declaración.

Los Mossos deben desobedecer a la justicia

Por otra parte, la moción apremia al Gobierno autonómico a “desatender los requerimientos de la Audiencia Nacional relativos al proceso de desconexión democrática del Estado español y, en consecuencia, que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra no los ejecute como policía judicial”.

En ese sentido, también pretende “mostrar su máximo apoyo a todos los ayuntamientos hoy investigados y criminalizados por haber mostrado apoyo a la citada declaración y al mismo tiempo animar a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado español”.

Iniciar de inmediato la “fase preconstituyente”

El texto insta al Govern para que “elabore y presente en este Parlament en un máximo de treinta días un plan de actuación relativo a la fase preconstituyente del proceso constituyente”.

Y, finalmente, apremia al Ejecutivo a “que en los presupuestos que presentará en este Parlament haya una partida presupuestaria para financiar la citada fase preconstituyente”.