Convergència y Esquerra tendrán que dar explicaciones por sus promesas no cumplidas en materia de política social. Lo harán en el pleno específico de emergencia social y reactivación económica que se celebrará los días 9 y 10 de marzo a iniciativa de PSC y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP).

Hace dos años, CDC y ERC --aliados en la anterior legislatura-- se comprometieron a llevar a cabo una serie de mejoras sociales en un pleno de contenido similar, pero la inmensa mayoría de ellas no se han cumplido.

“Dado que este Gobierno tiene que durar 18 meses, no vamos a darles 100 días de gracia, sino 37”, explica a Crónica Global la portavoz socialista Eva Granados, quien recuerda las cifras sobre personas en riesgo de exclusión: 1,5 millones en situación de pobreza y 465.000 en situación severa (no tienen garantizada la alimentación diaria).

"Cosas que no pueden esperar"

Entre los citados incumplimientos del Ejecutivo autonómico figura la creación de un observatorio de lucha contra la pobreza, la elaboración de un informe anual sobre la población en situación de riesgo, la mejora de la financiación local, el desarrollo de la ley de la infancia y el aumento de la renta mínima de inserción (RMI), entre otras.

“Exigiremos que la emergencia social sea un tema protagonista, que no quede tapado por el proyecto independentista. Hay cosas que no pueden esperar. El pleno se debe convertir en una oportunidad para trabajar por la Cataluña social”, afirma Granados.

Negociar con el Gobierno

Los socialistas creen que el plan de choque social pactado entre Junts pel Sí y la CUP, cuyo coste es de 270 millones, no es suficiente y que es necesario negociar con el Gobierno español un nuevo sistema de financiación y más recursos destinados al Estado del bienestar.

Ampliar las ayudas para becas comedor, reducir la pobreza energética, ampliar la RMI y, sobre todo, garantizar que todo ello va acompañado de presupuestos reales, son algunos de los objetivos de los grupos parlamentarios que propusieron el pleno de emergencia social. En este sentido, Granados exige “transparencia, control y seguimiento de las resoluciones adoptadas en el Pleno”.

PSC y CSQP mantienen negociaciones para someter a votación propuestas conjuntas, y no descartan que la CUP se sume a las mismas, a pesar de que los antisistema tienen firmado un acuerdo de legislatura con JpS.