¿A la tercera irá la vencida?

“Vamos a estudiar la relevancia jurídica de estos documentos para plantear un nuevo recurso de revisión de la causa”. Con esta literalidad se ha pronunciado el abogado defensor de Salvador Puig Antich, Sebastià Martínez Ramos.

Este letrado dirigió el equipo de juristas que en 2004 interpuso la segunda petición formal de revisión de la causa sumarísima contra Salvador Puig Antich. Entonces ya consiguió lo que fue todo un hito: dos de los cinco magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo votasen a favor de autorizar la revisión al detectar irregularidades procesales en la tramitación del sumario.

Letrados que ya conocen el Supremo

Los letrados La Cruz y Martínez Ramos presentaron ante los jueces la declaración de los doctores Ramón Barjau y Joaquín Latorre, que estaban de guardia en el servicio de traumatología del Hospital Clínic el día 24 de septiembre de 1973 quienes, bajo juramento, declararon ante los magistrados y el fiscal del Tribunal Supremo que cuando reconocieron el cuerpo del subinspector, Francisco Angüas, presentaba cinco impactos de bala. La autopsia oficial, la única que consta en el sumario, certifica únicamente dos impactos de bala.

Los letrados presentaron también la declaración del compañero de Puig Antich, Francisco Javier Garriga, testigo de aquel tiroteo, quien detalló, ante los magistrados, las torturas de las que fue objeto en comisaria por parte de los agentes de la Brigada Político Social.

Aun y así, otros tres magistrados votaron en contra de la revisión.

Tercera revisión

Ahora, Martínez Ramos y Olga de la Cruz, estudian los documentos que durante estos dos últimos días, ha difundido Crónica Global y que arrojan dudas razonables sobre la legalidad del juicio. Su intención es la de instar una tercera revisión.

“Tal y como se detalla en estos documentos --afirma Martínez Ramos--, el subinspector fallecido, Francisco Angüas Barragán, recibió un mínimo de cinco disparos y no dos como afirmó el forense (ya fallecido) que practicó la autopsia en las dependencias de la comisaria de Universidad".

Complicidad entre funcionarios

Llama la atención --prosigue el letrado--, que tras el tiroteo y la desgraciada muerte de aquel joven policía, la "reacción inmediata del jefe Superior de policía fue la de solicitar al juez el inmediato traslado del cadáver del Hospital Clínic a la mencionada comisaria. El juez Amigó de Bonet, con el apoyo del fiscal, Alejandro del Toro, para cubrirse, pidió opinión al forense de guardia, un facultativo muy próximo al jefatura de policía, que dio el visto bueno, y él mismo practicó la autopsia en un lugar, naturalmente inapropiado y sospechoso”. 

Martínez Ramos habla de “vulneración flagrante del derecho de defensa” y recuerda, mientras inicia el estudio de los documentos desvelados por este medio, que “en la causa sólo aparecieron los casquillos de los dos disparos que sufrió Salvador Puig Antich, uno en la espalda y otro en la mandíbula. Ninguno de los casquillos que impactaron en el cuerpo del policía, aparecieron jamás”.

Nuevas pruebas

Los letrados De la Cruz y Martínez Ramos presentaron ante la sala de lo militar una prueba pericial infográfica en la que los peritos demostraron sin lugar a dudas que tras el estudio de las trayectorias de los impactos de las balas, era imposible que todas ellas salieran de la misma pistola. Esta prueba fue admitida por el Tribunal Supremo, dado que en el año 73 la tecnología infográfica no existía.