El pleno del Parlament ha dado luz verde a tramitar la proposición de ley presentada por el PSC sobre la gestión pública de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Junts pel Sí se ha quedado sola en su intento de vetar la iniciativa socialista, que ha calificado de “chavista”, pues incluso la CUP ha votado en contra de presentar enmienda a la totalidad junto a CSQP, PP y Ciudadanos. Se trata de la primera votación que pierde la coalición de Carles Puigdemont en esta legislatura.

El pleno ha debatido la proposición de ley del PSC de modificación de la ley 10/2011 de simplificación y mejora de la regulación normativa, a la que Junts pel Sí había presentado una enmienda de retorno. El PP también lo había hecho, pero ayer la retiró.

La proposición de ley propone anular la concesión a la empresa Acciona y garantizar la gestión íntegramente pública de los bienes y las instalaciones de titularidad de la Generalitat que integran la red Ter-Llobregat. Por ello, plantea la creación de una sociedad mercantil íntegramente participada por el Govern. También prevé que, transitoriamente, sea la Agencia Catalana del Agua la entidad prestadora del servicio. Una vez rechazada la enmienda de Junts pel Sí, la iniciativa continuará tramitándose en comisión.

"Chapuza"

El diputado del PSC Jordi Terradas ha sido el encargado de defender esa propuesta. Ha calificado la adjudicación de la gestión de ATLL a Acciona de “despropósito” y “chapuza” pues tres sentencias judiciales han dictaminado que el procedimiento es nulo y se cometió una infracción grave.

Ha recordado el informe de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), desvelado por Crónica Global, en el que se denuncian graves irregularidades susceptibles de ser analizadas por la Fiscalía. En ese informe, ha añadido el socialista, se reprocha a la Agencia Catalana del Agua (ACA) --dependiente de la Generalitat-- su dejación en el control de la gestión del servicio de agua.

Indemnizaciones

Marc Sanglas, diputado de Junts pel Sí, ha dado la réplica al PSC asegurando que la proposición de ley introduce “confusión” en el proceso y es “inoportuna”. Ha alegado que la adjudicación de ATLL se hizo en un contexto de asfixia financiera y que el Govern actuó con diligencia al conocer las maniobras financieras detectadas por la OAC y que éstas no van a suponer un incremento de la tarifa del agua.

“Para nosotros hay diversas vías de actuación, hay que esperar a la resolución del expediente informativo. Si hay incumplimientos, pararemos la vía de adjudicación. Como en cualquier sistema jurídico, hay que esperar a que la empresa presente sus alegaciones”, ha dicho Sanglas.

El diputado ha calificado de “chavista” la retirada de la concesión, que según ha advertido, implica el pago de indemnizaciones a Acciona lo que, unido a un proceso de reversión de las inversiones, supone un gasto de 1.200 millones de euros. “Esta cifra equivale a cinco veces el plan de choque social previsto para esta legislatura y al presupuesto anual del departamento de Interior de la Generalitat”, ha advertido Sanglas.

"Tema turbio"

Marina Bravo, diputada de Ciudadanos, ha denunciado “un tema recurrente, cada vez más turbio” en alusión a la privatización de una gestión que nunca debió hacerse. Por ello, su grupo ha votado en contra de la enmienda. “No estamos en contra de la privatización, pero cuando se adoptó la medida, no se pensó en el bien común, sino en poner un parche. Y da pena que la mayor privatización de la historia de la Generalitat se hiciera con prisas y sin garantizar un buen servicio. ATLL se mal vendió”.

Hortensia Grau, diputada de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) cree que la proposición de ley del PSC es oportuna porque “cada día que pasa la sensación de que la pelota se hace cada vez más grande y cuesta más dinero a los ciudadanos es mayor”.

Por su parte, el diputado del PP Santi Rodríguez ha defendido que su grupo avalara la privatización de la gestión por la situación financiera del Govern, pero esa externalización exige “transparencia y fiscalización, que en este caso no se han dado”. Pese a las consecuencias económicas que tendría la propuesta del PSC, el PP ha retirado su enmienda a la totalidad y no ha dado apoyo a la de Junts pel Sí porque “queremos que haya debate, pero no prejuzga el posicionamiento que tendremos al final de la tramitación”.

Benet Salellas, diputado de la CUP, también ha votado en contra de la enmienda para que pueda tramitarse la iniciativa del PSC. Considera que la adjudicación de ATLL se hizo “por la cara” y se ha comprometido a "blindar" la gestión pública del agua. No obstante, ha denunciado el "cinismo" del PSC, pues ha recordado que la exdirigente socialista Laia Bonet fue fichada por Acciona, la concesionaria de ATLL.