La Consejería de Gobernación ha desvelado uno de los secretos mejor guardados de la Generalitat: su deuda con los ayuntamientos, un total de 633 millones de euros. La cifra ha ido creciendo en los últimos años hasta el punto de que, desde 2014, la cifra pendiente de pago se ha multiplicado por cien hasta alcanzar los 633 millones de euros.

Fiel al discurso del agravio, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, culpa al Gobierno español de los retrasos en una respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Ciudadanos Sergio Sanz. En la misma, el Govern asegura que la “imposición” del Estado en materia financiera tiene una incidencia absoluta sobre la situación actual de insuficiencia de recursos de la Generalitat”.

Servicios cofinanciados

Según el desglose efectuado por la propia consejería, antes de 2014 la administración catalana debía 4 millones de euros, mientras que en 2014, la cantidad alcanzó los 109 millones y, el año pasado, la cifra subió a 520 millones. En suma, 633 millones por impago de servicios que cofinancian consistorios y Generalitat, como son las becas comedor o las guarderías, lo que obliga a los gobiernos municipales a asumir costes que no le corresponden.

La Generalitat explica que la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 obliga a la Generalitat a dar “prioridad absoluta” al pago de intereses de la deuda pública, así como al cumplimiento de los periodos medios de pago a los proveedores. Añade que, el pasado 20 de noviembre, el Gobierno decidió asumir el control de los pagos realizados en Cataluña con dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), obligando a priorizar determinados servicios públicos.

El 7% del presupuesto total

No obstante, la Generalitat indica que el presupuesto total de ingresos de los ayuntamientos catalanes ascendió en 2015 a 8.971,3 millones, por lo que la deuda contraída con los municipios representa el 7,06% del presupuesto en su conjunto. El Gobierno catalán asegura que durante 2016 saldará su deuda con los municipios.

Sergio Sanz, sin embargo, califica de "vergonzosa" la gestión del Gobierno catalán, al que acusa de esconderse en su proyecto secesionista para no asumir sus responsabilidades presupuestarias.

Recientemente, el Gobierno de Carles Puigdemont ha reconocido que debe al Ayuntamiento de Barcelona 95 millones de euros, aunque la alcaldesa Ada Colau sitúa esa cifra en 109 millones.